En el radicalismo proponen que las encuestas se encuadren en la ley de Defensa del Consumidor

Con las encuestas en la mira, la diputada nacional Patricia Giménez (UCR – Mendoza) elevó un proyecto de ley que propone fortalecer las figuras de proveedor y consumidor según fija la ley de Defensa del Consumidor, la 24,240.

En ese sentido, el articulado compara la contratación de bienes y servicios en general con las encuestas de opinión y propone que se exiga para estas últimas «la misma garantía de transparencia y certeza». A su vez, requiere que se especifique «quién realiza la tarea de encuestar, por quién ha sido contratado, quién paga y quién será el destinatario de los resultados”.

“En estos tiempos electorales –señaló Giménez-, las encuestas están bajo sospecha y cabe preguntarse si siguen siendo instrumentos de diagnóstico o se han transformado en parte de la propia campaña. Las encuestas pretenden tener precisión científica, así quienes proveen estos servicios deben garantizar un alto rigor técnico durante su diseño, relevamiento, procesamiento y publicación”.

Asimismo, la referente del radicalismo subrayó que «en el marco de paradigma positivista creemos que los números son transparentes, que necesariamente trasmiten datos de la realidad, que no reflejan opiniones o no se encuentran enmarcados en relaciones de poder. Sin embargo nos encontramos con que hay varios números para los mismos procesos sociales y allí es donde aparece la necesidad de mayor información”.

Gimenez hizo hincapié en la necesidad de «conocer el modo en el que se construyó ese dato». Y aseguró que «si no contamos con el proceso, entonces tenemos una información, una encuesta, que aparece como una entelequia, con vida propia, y nos perdemos el trabajo social que le ha dado origen».