La imagen de un automovilista esposado cuando intentaba circular en medio de una ciudad sitiada una vez más por los piquetes tal vez esté llamada a convertirse en uno de los símbolos de una Argentina dominada por la anomia, la confusión y el lema del “sálvese quien pueda”.
Unos días antes de que ocurriera ese episodio, una mujer se bajó de su vehículo y negoció con activistas que bloqueaban una calle para que habilitaran el paso. Captada por las cámaras, fue otra escena en la que también se expresa un signo de estos tiempos. ¿Dónde está el Estado? ¿Quién pone orden en el espacio público? ¿Quién garantiza el cumplimiento de las normas? ¿Quién protege al ciudadano? Detrás de las situaciones que hemos visto en estos días se esconden interrogantes de fondo. La calle se ha convertido en un espacio desarticulado, sin reglas, en el que el Estado no solo exhibe su impotencia, sino también su inoperancia. No actúa, y cuando lo hace, lo hace mal. El ciudadano se siente indefenso, tácitamente convocado a arreglarse como pueda. El Estado deja hacer a organizaciones que pisotean las normas, pero le cae encima a un automovilista solitario que intenta llegar a su trabajo. Ejerce la autoridad con anteojeras. Se asume como un Estado tuerto, que interviene cuando quiere, no cuando debe; que es implacable frente al ciudadano y se repliega frente a la patota; que por un lado, señala, y por el otro, hace la vista gorda.
Las fuerzas de seguridad –tanto locales como federales– no son una excepción en el paisaje argentino. Son un engranaje de un Estado que ha extraviado su profesionalismo y ha desertado de sus obligaciones y responsabilidades básicas. Las policías son estructuras a las que el poder político ha debilitado y confundido. Sus agentes se sienten desorientados y desautorizados, además de no contar con la capacitación, las herramientas y el respaldo indispensables. Sometidas a vaivenes permanentes y a marchas y contramarchas, salen a la calle sin saber bien cuál es su rol. Las normas se han convertido en un territorio difuso. Hacerlas cumplir no es un imperativo que goce de consenso ni de respaldo en el poder. En ese contexto debe entenderse la imagen de un ciudadano esposado mientras a otros miles se les garantiza impunidad para usurpar el espacio público, impedir la circulación del tránsito, bloquear puentes, invadir vías ferroviarias, incendiar neumáticos o acampar en la 9 de Julio.
Esta asimetría se ha impuesto en la Argentina como un “sentido común”, casi como un rasgo cultural. Desde todos los estamentos del Estado se emiten señales confusas y contradictorias. No se sabe si tiene más protección la víctima o el victimario, el socio o el barra brava de un club. Los que trabajan y producen sienten que están todo el tiempo en la mira: solos, indefensos, abandonados a su suerte. Vemos casi con naturalidad que miles de alumnos se quedan sin clases porque el gremio docente hace huelga en defensa de un sindicalista condenado por incendiar una Legislatura. Lejos de cuestionarlo, el ministro de Educación de la Nación respalda al sindicato, en la misma línea en la que el Presidente había exaltado a un dirigente sindical que hace de la extorsión y los bloqueos una estrategia de reclamo. ¿A quién protege el poder? En ese país del revés, pretender que las policías estén del lado de las normas y del ciudadano sería esperar un milagro.
Al mirar para otro lado, el Estado pierde legitimidad. ¿Con qué autoridad le pide al verdulero o al ferretero que no invada la vereda con su mercadería si consiente que el comercio ilegal ocupe plazas y avenidas? ¿Cómo les exige a bares o restaurantes que no ganen la calle con estructuras metálicas si permite la instalación de carpas y baños químicos frente a municipios y gobernaciones? Pedir permiso se ha convertido en una ingenuidad; tramitar una habilitación es “ir al muere”. El sistema invita a avanzar con prepotencia. La doble vara se ha impuesto en el espacio público: veinte camiones pueden bloquear un puente o una autopista sin ninguna consecuencia, pero un automovilista estaciona a dos centímetros de la ochava y le cae todo el peso de la grúa. Una sensación de injusticia alimenta, en la vida cotidiana, la angustia y la impotencia del ciudadano común.
Una ideología que reivindica el “Estado presente” ha acentuado, sin embargo, la deserción estatal en el espacio público. El Estado no está donde debería estar y se mete donde no debería. Pretende controlar –con resultados previsiblemente desastrosos– el dólar, los precios, la producción, la venta de granos, las importaciones, los directorios de las empresas, las relaciones laborales, los viajes y el ahorro de las personas. Inventa todo el tiempo nuevas regulaciones, cepos y restricciones. Pero a la hora de cumplir y hacer cumplir las normas más elementales, se declara prescindente. Obliga al ciudadano a arriesgarse y poner el cuerpo para defenderse como pueda.
La noción de autoridad está cada vez más desdibujada. En cualquier ciudad europea, basta que asome un uniforme a lo lejos para que los manteros recojan sus cosas a toda velocidad y salgan corriendo. En nuestros centros urbanos, en cambio, la policía custodia la expansión de “saladitas”, del mismo modo que acompaña los piquetes y facilita los bloqueos con el desvío del tránsito. Las normas se violan frente al Estado con displicencia y naturalidad. Para los que sufren el avasallamiento (sean automovilistas, comerciantes o vecinos) ni siquiera hay comprensión, sensibilidad o empatía por parte del Estado.
Los problemas de la Argentina con las normas no nacieron ahora. Tienen raíces históricas y culturales que algunos estudiosos ubican en nuestros orígenes como nación. El filósofo y jurista Carlos Nino escribió Un país al margen de la ley hace ya treinta años. Sin embargo, es innegable que algo se ha acelerado en las últimas dos décadas, sobre todo después de la implosión de 2001. La indefensión ciudadana se ha profundizado frente a un Estado que exprime, pero, a la vez, desprotege a la sociedad. ¿Seremos capaces de amigarnos con las normas? Tal vez por allí pase el gran acuerdo nacional que nos debemos.