Durante la decimoprimera Sesión Ordinaria del 142º Período Legislativo, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca que las sentencias sean redactadas en un lenguaje claro y sencillo para que sean comprendidas por la mayor cantidad de personas posibles, según la complejidad del caso. Asimismo, se les dio sanción definitiva a los proyectos de ley de capitalización de la Compañía Entrerriana de Tierra S.E. y de ENERSA y al que establece en la provincia la Unidad de Vivienda para viviendas del IAPV.
Este miércoles se desarrolló la decimoprimera Sesión Ordinaria del 142º Período Legislativo, con la presencia en el Recinto del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano; el secretario, Carlos Saboldelli; el prosecretario, Nicolás Pierini; los presidentes de bloques, Juan Navarro (Frente Justicialista CREER Entre Ríos), Gustavo Cusinato (Unión Cívica Radical), Esteban Vitor (PRO) y Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano); y los diputados y diputadas Ayelén Acosta, Uriel Brupbacher, Stefanía Cora, Sara Foletto, Julián Maneiro, Jorge Satto, Julio Solanas y Gustavo Zavallo. Por su parte, el resto del cuerpo legislativo participó de manera remota.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, autoría de la diputada Paola Rubattino (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que modifica el Artículo 456 del Código Procesal Penal para incorporar la redacción de sentencias en lenguaje llano.
“En la medida de que la complejidad del caso lo permita, la sentencia será redactada en un lenguaje claro y sencillo, que permita su comprensión por la mayor cantidad de personas posibles. En casos de suma complejidad, podrá el juez o tribunal si lo estimara conveniente y por el medio que estime adecuado, elaborar una explicación de los fundamentos del fallo destinado al público en general”, dice en su primer artículo.
Rubattino fundamentó su proyecto en el Recinto. Al respecto advirtió: “Cuando hablamos de lenguaje claro y sencillo no hablamos de que pierda el rigor científico”. Remarcó que “uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento penal es la garantía del debido proceso, lo que va de la mano de la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho al acceso a la Justicia”. Luego citó el Pacto de San José de Costa Rica, que establece las garantías de toda persona a ser escuchada, de la cual surge el derecho a tener una respuesta de parte del tribunal haciendo lugar o no a sus pretensiones. “El instrumento portador de una verdad jurídica es la sentencia”, destacó.
“Creo que las resoluciones judiciales deben redactarse en términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico, para romper los límites herméticos que muchas veces propone el Poder Judicial. Las sentencias que no son claras están destinadas a fracasar”, finalizó.