El proyecto de resolución que presentamos junto a Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido, intenta dar respuesta a una situación muy difícil, angustiante, que están viviendo las personas con discapacidad en nuestro país.
En toda la pandemia, desde marzo hasta aquí, no formaron parte de ningún tipo de beneficio y la realidad los golpea duramente. Tienen las pensiones graciables desactualizadas, cobrando $12.500 por mes los que tienen la Pensión Nacional no contributiva y mucho menos los que cobran de las provincias, con montos irrisorios, que en algún caso llega a $300 por mes. Son montos testimoniales. Además, se suma la complicación para sostener compra de medicamentos y la atención clínica. El Programa Incluir Salud, que es federal, no está pagando a las prestadoras y estas han suprimido servicios a las personas discapacidad, como los tratamientos ambulatorios.
Las personas con discapacidad no están en la agenda, no han sido prioridad en esta pandemia.
No nos interesa la politiquería, sino que haya medidas concretas para un sector de la población que está muy golpeado por la falta de medidas. Debemos como sociedad reparar una situación de injusticia, garantizar un ingreso que permita la dignidad de las personas con discapacidad, poder hacer sus tratamientos y tener los medicamentos que necesitan.