Firman dictamen para debatir la Ley Nacional de Juventudes
La Ley Nacional de Juventudes, que pretende, según su autora, la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo, “ampliar y garantizar cada día más los derechos de las y los jóvenes» en la Argentina, obtuvo dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda y está lista para ser debatida en el recinto durante la próxima sesión del Senado.
Según sus fundamentos, la iniciativa busca promover el “desarrollo integral de las y los jóvenes de 18 a 29 años residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad”.
El proyecto crea tres organismos de Promoción de Juventudes: la Secretaría Nacional de las Juventudes y el Instituto Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y el Consejo Federal de las Juventudes, con la participación de integrantes de todas las provincias.
A su vez, la iniciativa contempla un presupuesto propio que alcanza al 0,02 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina lo que, según se calcula, para el año 2022 (cuando se prevé que entre en vigencia) en más de dos mil millones de pesos.
“Este proyecto de ley me genera alegría y esperanza. Los jóvenes van a poder contar con contención en materia de derechos. Se refuerza la estructura del Estado para atender sus demandas y problemáticas más urgentes. Esto es histórico”, sentenció Catalfamo.
En ese sentido, la senadora recordó que beneficia a “un cuarto de la población argentina que estuvo tan golpeado por la pandemia y todavía le cuesta recuperarse”.
Además, cuestionó los planteos hechos desde la oposición respecto del costo fiscal argumentando que “es necesario, en una ley de estas características, dejar de hablar de costos fiscales”.
Catalfamo le respondía, de ese modo, a los argumentos del radical chaqueño Víctor Zimmermann que había revelado que la cifra para poner en marcha la nueva ley iba a llegar a los dos mil millones de pesos.
“Acabamos de dictaminar un proyecto cuyo costo fiscal es de aproximadamente cuatro mil millones. Con este, en un par de horas, le estamos reclamando un esfuerzo al Estado de seis mil millones. ¿Es este el momento oportuno?”, inquirió el legislador de la oposición.
Zimmermmann se refería, de ese modo, al dictamen por unanimidad que un par de horas antes había obtenido un proyecto de Ley del oficialista cordobés Carlos Caserio para subir el monto de la base imponible del Impuesto a las Ganancias.
Pese a que logró las firmas necesarias, el proyecto de Ley sobre Juventudes también fue cuestionado por legisladores del oficialismo que reclamaron correcciones porque consideraban que sin ellas, se hacía peligrar la constitucionalidad de la iniciativa.
El chubutense Mario Pais, y luego el misionero Maurice Closs, mencionaron que, al menos, tres artículos del proyecto debían ser eliminados o modificados: el que “autoriza” al presidente de la Nación a designar funcionarios (ya está incluido en el artículo 99 de la Constitución Nacional), el que le dice a las provincias qué tipo de funcionario debe enviar al Consejo Federal de las Juventudes (contra la autonomía de esos distritos) y el que habla de “regiones” en lugar de hablar de “provincias”.
La decisión, finalmente, fue firmar el dictamen y hacer las correcciones al texto en la próxima sesión que, según trascendió, se celebrará dentro de una semana.