El ministro de Justicia, Germán Garavano, presenta este martes en el Senado el proyecto de ley de reforma al Código Penal junto con los miembros de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación desde las 14 en el Salón Eva Perón de la Cámara Alta, adonde fue convocado por ese cuerpo.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, será estudiada durante las próximas semanas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta que preside el peronista entrerriano Pedro Guastavino. El proyecto busca actualizar el Código -que rige desde 1921- y sistematizar unas 900 leyes especiales, además de endurecer las penas para casos de corrupción y narcotráfico y para los robos por parte de «motochorros», entre otros delitos.
El texto, de 540 artículos, buscar actualizar el Código vigente, que rige desde 1921 y que recibió alrededor de 900 modificaciones.
Entre otras reformas, el proyecto del nuevo Código Penal aumenta las escalas penales de 5 a 20 años por el delito de narcotráfico y el mínimo se incrementa hasta 6 años cuando se trate de pasta base de cocaína (paco).
La redacción contempla la jurisprudencia del fallo «Arriola» de la Corte Suprema de Justicia respecto de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal siempre que se trate de «escasa cantidad» y cuando la posesión no trascienda el ámbito de la privacidad.
En cambio, fija una pena de un mes a dos años de prisión para la tenencia de estupefacientes para uso personal, cuando no pueda acreditarse que la conducta se da en el ámbito de la privacidad.
Respecto del aborto, el nuevo proyecto le otorga al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres, aunque se prevé una fuerte discusión sobre este punto dado que no se trata en ningún caso de una legalización ni tampoco de una despenalización llana.
Por otro lado, mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos violentos como homicidio agravado, abuso sexual agravado o secuestro extorsivo.
Tampoco podrán acceder a ese beneficio los condenados por corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos de lesa humanidad, entre otros.
El nuevo Código Penal también establece un aumento de las penas para los delitos de corrupción, como el cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, con escalas que van de 4 a 12 años de prisión -actualmente son 1 a 6- para que sean de cumplimiento efectivo.