La Senadora nacional Silvina García Larraburu solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe los motivos y fundamentos del Decreto 794/17, que crea la Sociedad Anónima “Corredores Viales S.A.”, reemplazando las funciones de la actual Dirección Nacional de Vialidad.
A través de la norma, el área pierde competencias que le fueron conferidas a través del Decreto-Ley 505/1958 y, al mismo tiempo, prevé un traspaso de las mismas a la sociedad anónima; permitiendo que los privados puedan hacerse de parte o de la totalidad del paquete accionario de la empresa.
“Advertimos con preocupación que esta transferencia de los recursos de los argentinos a los capitales privados, se realiza evadiendo los mecanismos de control y adjudicación del Estado, sin la aprobación del Congreso Nacional tal como lo obliga la Constitución Nacional”, resaltó.
Agregó: “Entre otros puntos, el decreto permite que se realicen contrataciones al margen de las regulaciones previstas del Estado y habilita la realización discrecional de obras sin licitación, punto que vulnera la transparencia de la obra pública”.
Finalmente recordó que “la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015, y en manos del Estado, llevó a cabo un fuerte despliegue a través del Plan Nacional Vial, tanto en los procesos de licitación y control de las concesiones como en la supervisión de las obras, lo cual permitió que la red vial argentina aumente en un 130% su infraestructura”.