Un juez federal del fuero comercial decretó la intervención en grado de veeduría de la sociedad de acciones simplificada Salvattore Group. Se trata de una firma creada por dos asesores del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. A mencionada empresa, la Inspección General de Justicia (IGJ) le detectó una decena de presuntas irregularidades que provocaron una presentación judicial al respecto.
La intervención la dispuso el juez nacional en lo Comercial Daniel Frick, quien nombró para esa función a la abogada Anahí Cordero, a quien le asignó la tarea de producir “un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group S. A. S. durante un término de seis meses, contado desde la aceptación del cargo”.
Cabe hacer mención que la empresa había quedado en la mira de la IGJ tras ser nombrada en distintos medios de comunicación como una “sociedad pantalla” que pudo haber sido creada para movilizar, mediante testaferros, dinero del diputado Milman que no podría justificar.
Asimismo, en noviembre pasado, la IGJ inició un expediente administrativo “debido al hecho de trascendencia pública sucedido el 1 de septiembre con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación y, posteriormente, por la posible relación –que también tomó estado público– de algunas actuaciones del diputado nacional Gerardo Milman y de una de sus colaboradoras en el Congreso de la Nación, Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, pasibles de ser vinculadas con el señalado atentado”.
Desde el organismo explicaron que “a raíz de las actuaciones sumariales, la IGJ comprobó más de media docena de irregularidades documentales y societarias de Salvattore Group Sociedad por Acciones Simplificada, cuyos socios formales resultaron ser Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, ambos ligados a Gerardo Milman; la primera, por ser su asesora parlamentaria y empleada del Congreso de la Nación; y el segundo, por estar contratado por el propio Milman para realizar funciones en la Cámara baja del parlamento argentino”.