Gils Carbó exhortó al Congreso a que constituya la bicameral del Ministerio Público Fiscal
Mediante dos oficios dirigidos a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, la Procuración General de la Nación solicitó que el Congreso se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal. Consideró “aconsejable» contar con el espacio parlamentario «como una instancia de control externo a la que informar periódicamente sobre el desempeño institucional».En las cartas, la titular del Ministerio Público Fiscal Alejandra Gils Carbó indicó que el pedido se motiva, en un principio, por lo establecido en la nueva Ley Orgánica del ente, que al regular la relación del MPF con el Poder Legislativo, dispone que la procuradora general de la Nación remitirá a la Comisión Bicameral “un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia, el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la eficiencia del servicio y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras legislativas que éste requiera”.
Además, destacó que recientemente se había concretado el traspaso de la dependencia a través del cual se gestionan e implementan las órdenes y autorizaciones judiciales que habilitan la interceptación de las comunicaciones (ex Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia).
Esta circunstancia, explicó Gils Carbó, “dio lugar a la creación del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), en el ámbito de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)”.
De esta manera, la titular del MPF explicó que “dado que las funciones que comienza a ejercer este organismo a través del DICOM resultan de alta relevancia institucional y pueden afectar derechos fundamentales, se ha conformado una red de control y seguimiento del desempeño de este Departamento, con miras a alcanzar un funcionamiento con altos estándares de seguridad, calidad y transparencia, que vuelvan eficiente y escrutable a este mecanismo tanto por los operadores judiciales que resultan sus usuarios cotidianos como por la sociedad en general”.