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Giustiniani: “el Estado debe regular y controlar a la telefonía celular”

Se realizó en la Cámara alta del Congreso Nacional una audiencia pública para que el servicio de telefonía celular sea declarado de carácter público. Fue una iniciativa del senador del Frente Amplio Progesista Rubén Giustiniani quien presentó un proyecto de ley al respecto.

El legislador de Santa Fe fundamentó la jornada de hoy, miércoles 13 a la 10hr: “Creemos que el Estado debe regular y controlar, porque tenemos un oligopolio en donde tres empresas se reparten el 100 % del mercado”. Entrevistado por Víctor Hugo Morales, afirmó que es necesario un control en ese sector “porque vemos una rentabilidad excesiva que demuestra que las telefónicas están entre las cinco empresas que más han ganado y el 70 por ciento se lo explica por lado de los celulares. Vemos que hay un abuso porque tenemos una percepción de que se cobra más de lo que se está hablando”.

Detalló que en Argentina la tarifa celular es “de las más caras del mundo, medida en dólares”. Y explicó que esas empresas, de acuerdo a la legislación vigente no deben cumplir con las regulaciones de la telefonía fija. En ese rubro, dio un ejemplo, “las empresas antes de aumentar deben hacer una audiencia pública y justificar los costos”. Sin embargo, en la comunicación móvil, “no hay explicación técnica de por qué el pulso de la tarjeta prepaga vale el doble que la tarifa normal”.

El senador señaló que “con esta audiencia hemos logrado que se ponga en funcionamiento la portabilidad numérica, que nos cobren a partir de que hablamos… pero tenemos que lograr muchas cosas más por las que estamos planteando”.

En La mañana de Continental, remarcó la importancia de “defender al usuario en un tema que es de Derechos Humanos. Tenemos más celulares en la Argentina que habitantes”. Por lo tanto, concluyó, “declarar servicio público a la telefonía celular móvil, es una necesidad”.

La jornada comenzó hoy, miércoles 13 a la 10, en el Salón Auditorio del Anexo del Parlamento. Contó con la presencia de legisladores afines y con la participación de ONGs especialistas en comunicación y derechos del consumidor.

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