La solicitud va dirigida a “los representantes del Estado Nacional en el Directorio de YPF S.A., del Tribunal de Tasaciones de la Nación, o de cualquier otro organismo que corresponda informe”.
El referente del Partido Socialista indicó que “las decisiones políticas tomadas respecto a la estatización de YPF representan para nuestro país un desafío para abrir el debate hacia la discusión respecto al modelo de desarrollo que deseamos”.
El senador del Frente Amplio Progresista destacó que “la implementación de un plan de transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la renta hidrocarburífera, deberían ser parte del debate”. Manifestó también que “no debería encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera como condición excluyente de cualquier otra medida”.
Asimismo, subrayó que “las violaciones al medio ambiente ocurren en las provincias de las cinco cuencas petroleras del país: Noreste, Cuyana (Mendoza), Neuquina (Neuquén, Río Negro, La Pampa y sur de Mendoza), la del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz) y Cuenca Austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego)”. Y agregó que “hoy en día hay muchos pasivos ambientales sin compensar, donde generalmente se identifica fácilmente la responsabilidad moral, aunque no siempre la responsabilidad jurídica”.