En su último día de mandato, el diputado provincial Jorge Henn presentó una normativa para defender a los “chicos que son víctimas invisibles de las organizaciones criminales de las drogas”. Se trata de la creación de un “Programa para desvinculación de niños, niñas y adolescentes del delito organizado”.
El radical Jorge Henn presentó un proyecto para crear un protocolo que atienda la falta de derechos de los niños, niñas y adolescentes que, mediante un ejercicio coercitivo, terminan siendo víctimas del narcotráfico. El objetivo de la normativa es ejercer la actividad preventiva para la liberación y protección de aquellos infantes hayan sido reclutados para distribuir estupefacientes.
La iniciativa tiene un antecedente directo en la justicia de Rosario. En un fallo inédito que se dio en Septiembre del 2018, un menor de 17 años que estaba confinado a un bunker sin ventanas, ni silla, ni baño, donde tenía que estar entre 12 y 48 horas seguidas vendiendo estupefacientes, fue considerado víctima de trata de personas con fines ilícitos.
Al respecto, el legislador explicó que “tenemos que dejar de tratar a estos NNyA como victimarios y entender que son víctimas de una situación donde están siendo manipulados para que comentan un ilícito. Existe una cadena de derechos vulnerados para que un adolescente termine en ese lugar. Tenemos que generar las herramientas para asegurarnos que no caigan en la necesidad de trabajar, ni en un bunker, ni en ningún lugar”.
“Mediante esta propuesta -continuó el ex vicegobernador- queremos propiciar acciones concretas que sean útiles y efectivas para evitar el sufrimiento de muchos niños y sus familias, que han caído en las telarañas de organizaciones criminales, y han sido sometidos a diferentes formas de violación de sus derechos humanos”.
Una de las funciones específicas del protocolo propuesto, es la de elaborar planes para la detección, investigación, liberación y posterior custodia y asistencia de los niños, niñas y adolescentes que ingresen al Programa.
En este sentido, el Programa deberá estar coordinado por la Ley que regula la figura de “Trata de Personas” y la Ley de “Emergencia En materia de Seguridad Pública”. Además contará con un Comité Coordinador que estará integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social, de Justicia de Menores, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo se creará un Consejo Científico ad-honorem que estará integrado por organismos y entidades abocadas a la problemática según determine la reglamentación.