El oficialismo porteño presentó un proyecto de ley en la Legislatura para agilizar el registro tardío de nacimientos que requieren intervención judicial. De esta forma, se busca facilitar el acceso al DNI a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden ejercer plenamente sus derechos.
En Argentina, la registración se realiza en el hospital donde se produce el nacimiento mediante la confección de un documento público denominado “Constancia de Parto” que acredita los datos de la madre, del recién nacido y los nombres de los profesionales intervinientes, “siendo obligación del Estado asegurar dicho documento y responsabilidad del nosocomio realizarlo” (Ley 26.413). No obstante, si transcurren más de 40 días del nacimiento, los argentinos no registrado debe recurrir a la Justicia o esperar alguna de las amnistías que a veces permiten regularizar dicha situación.
Tal como señala el proyecto en sus considerandos, los niños y niñas que no fueron registrados no existen para el Estado y configuran un grupo invisible cuya situación genera exclusión y profundiza las condiciones de pobreza y precariedad.
Si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difícilmente ocurran nacimientos sin inscripción en el Registro Civil, hay una población de mayores de 12 años que, mayoritariamente nacidos en el interior del país, residen en este distrito y carecen de inscripción de nacimiento y DNI.
El problema es que estas personas -que por lo general ya se encuentran en una situación social vulnerable- deben recurrir a la Justicia para que, luego de un lento y complejo proceso judicial (que requiere asistencia letrada y presentación de pruebas), un juez ordene la inscripción tardía de su nacimiento. Esto actúa como una barrera extra que dificulta la regularización.
Además, el proyecto impulsado por el legislador de Vamos Juntos Guillermo Suárez propone que las personas que no fueron registradas y no tienen documento pueda solicitarlos a través de un “procedimiento sumario” sin ningún tipo de costo para el interesado. “El procedimiento administrativo y el proceso judicial estarán exentos del pago de cualquier tipo de tasa o derecho de timbre”, aclara.
Un proyecto similar, impulsado por los diputados Facundo Suárez Lastra (UCR) y Héctor “Toty” Flores (CC-ARI), que también busca reducir los procesos judiciales que enfrentan hoy las personas que se encuentran indocumentadas, fue presentado en la Cámara de Diputados hace pocas semanas.