En el marco de la comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo, el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, presentó el informe anual sobre las actividades desarrolladas por dicho organismo y sobre los problemas más graves que condicionan la vigencia de los derechos humanos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y en otros lugares de detención.
En ese sentido, el funcionario nacional afirmó que “uno de los mayores problemas es la superpoblación”, y al respecto, agregó: “En la cárcel hoy sigue habiendo torturas y si se continúa legislando para que haya más personas en las cárceles, el Estado tendrá un grave problema”.
“Es muy importante el rol de la Procuración, ocupando espacios en el proceso judicial, ya que esto contribuyó a la notable disminución de la violencia intercarcelaria”, expresó Mugnolo.
Al dirigirse a los diputados y senadores, el Procurador Penitenciario pidió coordinar el trabajo realizado desde el organismo que dirige con acciones legislativas, “para que la cárcel no se ´cierre´ sino que se ´abra´ a la sociedad en general”.
“La estrategia de encarcelamiento es peligrosa, sumado a las falencias en el sistema judicial y a que no hay más espacio pero igualmente se apresa a más gente”, sostuvo Mugnolo, al tiempo que subrayó que “el problema de la seguridad está fuera de la cárcel y no adentro”. Fue muy crítico con la idea de privatizar las cárceles argentinas por considerarlo como “un negocio que ya fracasó en muchos países que lo implementaron”.
En referencia a los familiares de las personas privadas de su libertad, el Procurador sostuvo que “al Estado no le significaría un gasto alto brindarles asistencia y facilidades, mejorando así también la calidad de vida de los internos”.
Para finalizar, el funcionario mencionó que a comienzos de septiembre el organismo a su cargo presentó, ante la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, una propuesta legislativa para regular la capacidad funcional y de alojamiento de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas con el objeto de aminorar el problema del hacinamiento”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es un organismo público de carácter autónomo, inserto en el ámbito del Poder Legislativo por la Ley 25.875, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal.