La noticia se hizo pública el pasado jueves cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno de Mauricio Macri envió “material bélico” para “colaborar” con la represión de manifestantes durante las protestas postelectorales de 2019, en el marco de la crisis política desatada por la salida de Evo Morales del poder y la asunción de Jeanine Áñez.
Durante la conferencia de prensa, los funcionarios del gobierno de Luis Arce aseguraron tener documentación que probaría que Ecuador y Argentina enviaron “municiones y pertrechos para que se ejecute la represión policial y militar”.
“El gobierno de Mauricio Macri en 2019 también aportó con equipamiento y con material para que se pueda reprimir la protesta social para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional”, dijo Mayta
En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano señaló que el general Jorge Gonzalo Terceros Lara le envió el 13 de noviembre de 2019 una nota formal al embajador Normando Álvarez García en la cual le agradecía por la “colaboración prestada” a la Fuerza Aérea.
“Asimismo me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico”, continuaba la nota atribuida al General que hoy se encuentra detenido por la Justicia boliviana. Según detalló Mayta, “se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos: 40 mil cartuchos AT12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 19 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC”.
“Resaltamos que la Argentina le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social munición letal y el 13 de noviembre se lo agradecían. El 15 de noviembre, se producía la masacre de Sacaba”, continuó el funcionario boliviano.
En ese sentido, adelantaron que si la Justicia lo requiere podrán solicitar al gobierno argentino más información. “Es absolutamente inaceptable que se atente contra la soberanía y dignidad nacional”, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.
La Carta de Alberto Fernández
Ante el hecho el presidente Alberto Fernández le envió una carta a su par boliviano Luis Arce a través de la cual le pidió disculpas “en nombre del pueblo argentino” por la “colaboración del gobierno de Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales”.
“Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días”, señala la carta.
“Ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández”, concluyó.
¿Qué dice el Ministerio de Seguridad Argentino?
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló en declaraciones formuladas a las radios 10 y Del Plata, que «ayer (por este jueves) por la noche se constató que el avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea, en el que se transportó el material bélico, había salido desde El Palomar» y precisó que «el material bélico que llegó a Bolivia no tiene ningún soporte legal».
«El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de Trabajo de (Gerardo) Morales, Normando Álvarez García», que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.
También adelantó que «Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo Aduana y, por ende, todo se puede confirmar».
«Está claro que hubo una serie de países y una organización como la OEA que apoyaron abiertamente la ruptura del orden institucional y constitucional en Bolivia y apoyaron el Golpe de Estado, lo que es harto evidente», remarcó Rossi.
- Paralelamente, la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció el inicio de una causa a raíz de la denuncia efectuada el jueves por el Gobierno de Bolivia.
En la misma línea, la ministra de Seguridad Sabina Frederic calificó como «gravísimo y escandaloso» el apoyo del expresidente Mauricio Macri al golpe contra el gobierno de Evo Morales en el año 2019 y señaló que «hay información dentro de Gendarmería que confirmaría estos hechos».
«Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido», amplió tras asegurar que «todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todo quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen el costo», precisó la titular de la cartera de Seguridad.
«Tenemos información preliminar que fue surgiendo del trabajo que está haciendo toda la Gendarmería a través de una investigación administrativa» dijo y precisó que esa fuerza «identificó notas del mes de noviembre del 2019 donde hay un primer pedido (de material)» donde participa la «Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la que se ocupa del registro de armamento y la que también autoriza la salida transitoria de material».
Agregó que en este caso se trataría de «material antidisturbios» con lo cual «existe este pedido de la Gendarmería a la ANMaC para que autorice la salida transitoria de material de este tipo».
Por otra parte Frederick resaltó que hay notas, donde «en la primera se solicita la salida transitoria de pistolas, fusiles, chalecos antibalas, visores nocturnos, y 1300 cartuchos antitumulto».
«Esa primera nota se corresponde con una nota que envía la policía de Bolivia a la Argentina en enero del 2020 que de alguna manera certifica que ese material llegó, y ese material acompañó al grupo Alacrán que son los 11 efectivos de la Gendarmería que Bullrich autorizó a la salida del país», dijo la ministra.
Por otra parte sostuvo que existe «una segunda nota del 12 de noviembre del 2019 donde la Gendarmería por orden de (Gerardo) Otero que era el Comandante General de ese momento, solicita la autorización para el envío a Bolivia en forma transitoria de 70.000 cartuchos antitumulto, 600 granadas antitumulto y 100 garrafas de gas pimienta», enumeró la funcionaria.
La palabra de Aguad y Bullrich
El por entonces titular del Ministerio de Defensa, Oscar Aguad, confirmó efectivamente que un avión militar transportó tropas de elite y armamento a Bolivia, pero con la salvedad de que su objetivo fue proteger a los refugiados que estaban alojados en la embajada argentina de La Paz en medio de la crisis política desatada a fines de 2019.
La clave de la denuncia entonces apuntaría al destino final de ese armamento. Al respecto, Aguad se despegó de los hechos: dejó en claro que la designación del contingente policial, la calidad y cantidad de armamento que portaban, como así mismo el número de efectivos no fueron decididos por la cartera a su cargo.
En el mismo sentido se refirió Patricia Bullrich, que también negó su involucramiento en el tema al afirmar que «nunca» pasó por sus manos «pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana». La exministra de seguridad habló, sin embargo, de «colaboración humanitaria».
¿Y Macri?
Si bien el ex presidente Mauricio Macri no habló públicamente respecto de la denuncia de Bolivia, lo cierto es que podría ser llegado a declarar por la Justicia de ese país, según manifestó el canciller Rogelio Mayta.
«Obviamente, el expresidente Macri podría estar involucrado. Probablemente sea llamado a testificar. Si encuentran elementos que evidencien responsabilidad, se podrían levantar cargos en su contra aquí en Bolivia» afirmó el funcionario.
La Justicia boliviana tiene un proceso abierto por la ruptura del orden constitucional en 2019, motivo por el cual están detenidos la expresidenta de facto Jeanine Äñez, algunos militares y exministros.
Además, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno y Macri también serían denunciados en sus respectivos países.
«En este momento se tiene la punta de la madeja. Hay que desenrollarla, lo cual probablemente nos dé todavía grandes sorpresas», dijo Mayta, al considerar que existió una «estrategia por detrás» y que el objetivo era generar violencia en las calles para romper el orden constitucional.
El paralelismo con Menem y la venta de armas al Ecuador
El hecho recuerda a lo acontecido durante el gobierno de Carlos Menem cuando, junto al ministro de Defensa Oscar Camilión, se firmaron tres decretos secretos entre 1991 y 1995 autorizando la venta de armas de guerra realizadas en la Fábrica Militar de Río Tercero a Panamá y Venezuela, que finalizaron en manos de los ejércitos croata, bosnio y ecuatoriano, y no habían sido encargadas ni por Panamá ni por Venezuela.
(Video Gentileza TV Pública)
El escándalo incluyó, no solo las transacciones ilegales de armamento, sino incluso la explosión intencional de dicha Fábrica en 1995, por la que murieron siete personas y más de 300 fueron heridas, en un acto que buscó deshacerse de las pruebas de los hechos.
El exmandatario peronista estuvo en arresto domiciliario por casi seis meses por este caso en 2001, pero fue dejado en libertad por un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la suerte de Menem cambió cuando el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -también peronista- hizo cambios en el máximo tribunal y la causa de la venta ilegal de armas fue reabierta.
(Video Gentileza TV Pública)
Esto ocasionó que luego fuera sentenciado a siete años de cárcel en 2013 por el tráfico de armas, delito que significó una violación a tratados internacionales de la época en que se dieron, puesto que Argentina era garante de paz en el caso de los dos países sudamericanos, mientras que Naciones Unidas había impuesto un embargo a la venta de armas en los Balcanes.
Dicha sentencia fue ratificada por un tribunal de casación en 2017, pero la máxima corte devolvió el caso a casación, a una sala distinta, donde finalmente en 2018 fue absuelto. Los jueces alegaron que la demora de una sentencia por más de 23 años había superado el “plazo razonable” para que tenga un juicio justo.
Para NCN por Juan José Postararo