Informe| ¿Qué sucedió con el Congreso durante la última Dictadura Militar? (videos)
La última Dictadura Cívico-Militar que azotó al país, un 24 de Marzo de 1976, tuvo la particularidad de destacarse de lo que “históricamente” se conocía como “el modus operandi” de los Gobiernos de Facto.
El llamado “Proceso de Reorganización Nacional” llegó con las premisas de combatir la «corrupción», la «demagogia» y la «subversión», y ubicar a la Argentina en el «mundo occidental y cristiano».
Para ello instauró una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la doctrina de la seguridad nacional elaborada por Estados Unidos, articulada continentalmente mediante el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población acusada de ser «peronista», «populista», «zurda», «izquierdista» o «subversiva».
Pero pese a los miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc., que han sido judicialmente calificado como genocidio, estuvo lejos de “clausurar” el órgano democrático más importante que tiene la Argentina.
Muy por el contrario su accionar durante estos años de sangre y terror concluyeron con la friolera de la sanción de más de 2000 leyes, muchas de las cuales hoy siguen vigente, a 40 años de democracia ininterrumpida que el Estado lleva transitado.
Claro que no funcionó con la pluralidad de voces como lo indica su propia existencia. La historia data que en la noche del 24 de marzo soldados armados ingresaron al Congreso de la Nación para cumplir el anexo número 4 de un Manual elaborado un mes antes y que se cumplió a la perfección.
Dicho inciso apuntaba a la ocupación y clausura de Edificios Públicos y Sindicales, el CNA era uno de sos objetivos.
Aquella noche los 69 senadores y 243 diputados fueron obligados a dejar sus bancas y el Poder Legislativo pasó a ser la sede de un nuevo órgano militar creado en el mismo acto en el que se creó la Junta a cargo de
nueve miembros (tres de cada Fuerza).
La ahora llamada “Comisión de Asesoramiento Legislativo” (conocida por sus siglas: CAL) comenzaría rápidamente a sesionar en la parte del que actualmente ocupa el Senado.
«Comenzarán hoy las actividades de la comisión asesora sobre legislación», informaba en su título principal de tapa el diario Clarín aquel 19 de abril de 1976.
Vale decir que supo conservar también buena parte del personal de planta existente y deja, como primer análisis, que la Dictadura tenía el claro objetivo proponía modificar o refundar las relaciones sociales. Jamás antes en la historia un Gobierno de Facto contempló la creación de un ente estatal formado especialmente para hacer “sus propias” leyes.
La CAL estudiaba los proyectos de ley enviados por la Junta que eran considerados de `Significativa Trascendencia”.
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 se estipula que los militares sancionaron más de 1700 leyes y 18000 decretos.
Este enorme paquete de leyes incluye también algunas tan significativas como la Ley de Entidades Financieras (21.526) o la Ley Para el Personal de la Policía Federal (21.965).
Entre las “menos populares” pero no menos importante aparecen la ley de Inversiones Extranjeras (21.382) otorgó en 1976 beneficios a las empresas foráneas al equipararlas con las de capital nacional y sin la obligación de reinvertir en el país. El actual Código Aduanero fue sancionado en 1981, y la ley que regula las expropiaciones (21.499) fue sancionada cuatro años antes.
La Iglesia fue objeto de una serie de leyes que aún la benefician. La 21.950 estableció en 1979 que los arzobispos y obispos cobren un sueldo mensual equivalente al 80% del sueldo de un Juez Nacional de Primera Instancia, y la ley 22.950 – aprobada casi al final del régimen- financia con una beca de un sueldo mensual a cada uno de los 1600 alumnos del Seminario.
La CAL poseía también la potestad para citar a civiles interesados a participar de las discusiones, en su mayoría especialistas del lobby empresario. Las transcripciones de las sesiones dan cuenta de la íntima relación que había entre estos y los encargados de delinear las leyes que los afectarían
A pesar de no tener iniciativa parlamentaria, la CAL tenía su propio peso dentro del régimen. Funcionó como un lugar de negociación, donde se podían resolver las disputas entre las tres Fuerzas Armadas y de las Fuerzas con los civiles y el Ejecutivo, y como un lugar donde los militares demandaban y compartían información.
El organismo creado por la Dictadura fue disuelto con la vuelta de la Demacra de la Mano de Raúl Alfonsín en 1983. Sin embargo muchas de las Leyes dictadas entonces aún están en vigencia y suponen un debate (y una deuda) de los actuales dirigentes (incluso de los que pasaron y vendrán).
Una especie de “justicia” llegó en 1994, cuando en la reforma constitucional se incluyó, en el primer párrafo del artículo 36, la nulidad de todo acto de un gobierno militar.
Queda, de esta manera, expresamente redactado que la Constitución no pierde vigencia, aun cuando se interrumpa.
“Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos” reza la nueva Carta Magna.
Esto cierra la puerta para que un eventual proceso de Facto, no se ampare (como sucedió en 1976) en la «doctrina de facto» de la Corte Suprema de 1930.
Para NCN por Juan José Postararo
Fuentes: Senado de la Nación - LeyesdelaDictadura.com - CAL, Documental - Sin Fin, Colectivo Archivo Nacional - Archivo NCN - Archivo JotaPosta - Archivos DiFilm