El proyecto de blanqueo contempla una amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral. En relación a los años anteriores trabajados en negro, la iniciativa propondrá que el Estado le reconozca al trabajador cinco años de aportes, a los efectos jubilatorios.Como base tomará el salario mínimo vital y móvil. Pero los años no declarados, no computarán para la indemnización en caso de despido.
El plazo para ingresar al blanqueo será de un año a partir de la sanción de la ley. Si el empleador se uma en los primeros seis meses, tendrá un beneficio del 100% pero si lo hace en el segundo semestre, será del 70%.
Los otros proyectos
Creación del Instituto de Formación Profesional que se basa en un sistema de formación continua con un régimen de pasantías homologadas por el convenio colectivo de cada rama.
Agencia Tecnológica de Salud, vinculada a la supervisión y homologación de las prestaciones por parte de las obras sociales y prepagas. El proyecto busca el control para que los tratamientos médicos complejos puedan ser afrontados por todas las obras sociales más allá de su magnitud.
El cuarto proyecto que será debatido será una ley de prevención de accidentes de trabajo, complementaria de la actual ley de ART.
Cambio en las indemnizaciones
Uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).
Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo «reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador».
El Ejecutivo planea utilizar en lugar de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo, suscrito por las cámaras y el gremio principal decada sector.
De esta forma, el empleador aportaría mensualmente un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción.
No obstante, la Confederación General del Trabajo no avalaría esta nueva alternativa, ya que se había descartado un proyecto similar en diciembre último. Por ello, el Gobierno espera que la CGT acompañe recién después del 22 de agosto, cuando la central obrera elija a su nueva cúpula.