Después de varias demoras, el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegó a la Mesa de Entradas de la Cámara baja del Congreso este viernes.
El documento para tratarse en el Congreso tiene 137 páginas, y entre ellas, destaca que «el gasto social permitirá fortalecer políticas y programas de capacitación y empleo, asegurando que el gasto abordará las inequidades de género y el fortalecimiento de las políticas de crecimiento y resiliencia, fomentando la inclusión financiera y la innovación, con el fin de contribuir a la reducción de las brechas sociales, ampliar la territorialidad y federalización, garantizando la incorporación de la perspectiva de género, en la senda y con el compromiso que estamos trabajando».
Asimismo se hace referencia al proceso que el gobierno señaló más de una vez contra el ex mandatario Macri (quién evitó el proceso legislativo negociando unilateralmente desde el Ejecutivo con el organismo internacional), el proyecto expresa: «El proceso reseñado llega a la consideración del PODER LEGISLATIVO respetando los procedimientos administrativos internos de la manera que lo establece la normativa de la REPÚBLICA ARGENTINA, con la participación de las áreas técnicas con competencia primaria e incumbencia necesaria del PODER EJECUTIVO NACIONAL y del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, asegurando así el control, la transparencia y el grado de exactitud técnica en las posibilidades de compromiso actual y futuro, en defensa de los intereses de la Nación y de las generaciones actuales y futuras.»
Y se agrega responsabilizando sobre las medidas a tomar a los legisladores: «En relación con la intervención de ese Honorable Cuerpo, fue el propio CONGRESO NACIONAL quién ratificó su plena potestad para aprobar y contraer préstamos sobre el crédito de la Nación y acordar los términos para el pago de la deuda pública ya contraída, como es el caso. En efecto, es en ese ámbito de representación política del pueblo de la Nación y de las Provincias donde se deben debatir sus alcances, implicancias y los compromisos que
asume la REPÚBLICA ARGENTINA, que afectarán la vida de todos los argentinos y todas las argentinas, y que excederán largamente varios mandatos constitucionales. Esta decisión fue adoptada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN mediante la sanción del bloque normativo constituido por: (i) la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, por la cual se declaró la
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y se encomendó al PODER EJECUTIVO NACIONAL la creación de las condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, que fuese compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos y (ii) la Ley N° 27.612 que ratificó que todo
programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. De este modo se modificó el proceder adoptado por la administración anterior que, sin dar intervención al Congreso Nacional en el trámite del acuerdo que suscribió, comprometió a varias generaciones de argentinas y argentinos»
