Con la participación de diversas entidades de la sociedad civil, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debatió el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que crea la Agencia Nacional de Discapacidad.
En nombre de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, criticó el decreto al considerar que “incumple los estándares de la Corte Suprema sobre necesidad y urgencia” y lo calificó de “inconstitucional”.
“No permite a las asociaciones de discapacidad expresarse. Un cambio de esta naturaleza merece un debate para escuchar a los involucrados”, sostuvo la abogada constitucionalista. “Pedimos a la Bicameral que tenga en cuenta su inconstitucionalidad”, reclamó.
Asimismo, Marcelo Betti, Secretario de la REDI, hizo foco en la necesidad de “una discusión donde la voz la tengan las personas con discapacidad”. En tanto, criticó el incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad por parte del Estado.
Pedro Ávalos, en representación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), también mostró su “preocupación por el posicionamiento de la sociedad civil” frente al decreto. “La sociedad civil puede ser descartada mediante un simple decreto, esto tiene una profunda relevancia”, dijo, al mismo tiempo que denunció que “las organizaciones nos enteramos de los cambios a través del Boletín Oficial”.
Por su parte, Fernando Galarraga, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó un “profundo rechazo” al DNU. “Forma parte de una mirada política que deja afuera a todos los sectores con discapacidad”, aseveró.
También estuvieron presentes en la Bicameral diputados de diversos bloques que integran la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, quienes se sumaron al rechazo al decreto que crea la Agencia Nacional de Discapacidad.
Con una mayoría opositora que criticó al decreto, la Bicameral ingresó en un cuarto intermedio. En el próximo encuentro también se analizará el decreto 746/17 publicado hoy, que transfiere a la ANSES las “funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y pago de las prestaciones no contributivas que se encontraban a cargo de la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, con excepción de aquellas otorgadas por invalidez”.