El debate del Presupuesto Nacional 2021 ha traído a la discusión el tema de la inversión y asignación de recursos en programas que inciden en la niñez y la adolescencia. Garantizar sus derechos obliga a estudiar, en clave de derechos, todos los programas públicos, ya que la inversión en niñez no se reduce a los gastos de un área o departamento de la administración. De hecho, debemos construir criterios que permitan poner el diálogo los diferentes informes que elaboran oficinas de presupuesto, unidades académicas y organismos internacionales. Las metodologías utilizadas así como los programas seleccionados suelen diferir, dado que la atención de la niñez y la adolescencia atraviesa al conjunto de carteras y organismos públicos.
Las inversiones previstas en vivienda, obras de infraestructura, educación inicial, derechos de las mujeres y asignaciones de la seguridad social, así como la previsión presupuestaria en programas de primera infancia, la Defensoría de Niñez, entre otros rubros, demuestran que no hay una desinversión en esta materia. Al contrario, los recursos asignados aumentan en algunos rubros muy significativamente. Entre ellos, las políticas educativas y de cuidado y los programas de empleo impactan directamente sobre sus vidas. La niñez es una perspectiva, no un renglón del presupuesto. Podríamos decir que desde el desendeudamiento hasta la conectividad, el fomento de la producción y un presupuesto en clave de género, todo es niñez. Como expresaba el Padre Carlos Cajade, uno de los fundadores del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo: “La mejor política de niñez es que los padres tengan trabajo”.
