La Diputada Nacional por Cambia Mendoza, Jimena Latorre, presentó hoy un proyecto de Resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo se le informe sobre diversos puntos en materia de política energética, en especial ante la suspensión del contrato con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB).
Entre la información solicitada, se puede destacar la correspondiente al cronograma de licitación y de obras previsto para las obras de reversión del gasoducto del norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con ENARSA.
RESOLUCIÓN Pedido de informes ABASTECIMIENTO GAS DE BOLIVIAEn este sentido, Latorre solicitó que se le informe sobre el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.
Latorre también pidió que se le comunique qué multas se aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por ENARSA ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.
La diputada radical, acompañada por su par Pamela Verasay, pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano.
Por último, la diputada mendocina reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.
Este pedido de informes, que no es el primero que la diputada presenta respecto al abastecimiento de gas de Bolivia y las adendas negociadas por éste gobierno, sin que hayan sido respondidos por la cartera de energía de la Nación, en esta ocasión es motivado por las propias afirmaciones de la Secretaria de energía en la es producto de la información que aporta la Secreria de Energía en la Resolución 606/2023 del 18/07/2023.
Mediante esa disposición se instruye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a realizar una operación de crédito reintegrable que garantice la disponibilidad de la totalidad de los fondos necesarios para ejecutar la obra “Proyecto de Revisión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.
Entre los fundamentos de esa instrucción la propia Secretaría afirma, lo que en el relato electoralista del Ministro a cargo de esa Secretaría niega, que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó y notificó formalmente a ENARSA que a partir del año 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de gas natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad.
Que la circunstancia descripta posiciona en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta que las principales centrales termoeléctrica radicadas en dicha región dependen del gas importado desde el Estado Plurinacional de Bolivia para poder generar y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”.
Por estos motivos, la secretaria de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, presentó el Proyecto de Resolución donde explica que “el contrato vigente entre YPFB y ENARSA fue suscripto en octubre 2006, por un plazo de 20 años, obligándose a la provisión de una determinada cantidad contratada y garantizada que se incrementaría durante la ejecución del contrato y sus sucesivas Adendas”.
“El contrato original establecía una proyección de suministro de gas natural desde Bolivia hacia la Argentina, en volúmenes ascendentes desde 7,7 MMm3/día en 2007 hasta 27,7 MMm3/día en el período 2010-2020, pero en las sucesivas adendas, los volúmenes previstos en el contrato original fueron corregidos a la baja, mientras que llamativamente se reconocieron precios al alza, aún en condiciones de incumplimiento de entrega por parte de YPFB”, resaltó Latorre en la fundamentación de su proyecto.
“Más allá del perjuicio económico, en término de impacto en el balance comercial energético, que en 2022 cerró con un déficit de 4.400 millones de dólares, la mayor incertidumbre viene por la seguridad del abastecimiento energético en el centro y norte del país”, sostuvo Latorre.