22 de noviembre de 2024

NCN

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Impuesto a las Ganancias y Jueces: un debate que aun no termina

En la jornada de ayer jueves en NCN dábamos cuenta del agregado “sobre la hora” que se implementó al Proyecto del Presupuesto 2023 y que apunta al pago de Ganancias de Jueces.

La iniciativa llegó de la mano del diputado del Frente de Todos (FdT), Marcelo Casaretto, quien reiteró la intención de que «todos los jueces tienen que pagar Ganancias» como «cualquier hijo de vecino”.

«Todos somos iguales ante la ley y todos los jueces en actividad o jubilados tienen que pagar Ganancias si superan el mínimo no imponible, como cualquier hijo de vecino», expresó en declaraciones a radio de la Universidad de Entre Ríos, en las que explicó que su proyecto «incluye a todos, jueces de la Corte Suprema, camaristas, jueces, fiscales, funcionarios, todo el que supere los $330.000, paga Ganancias» sostuvo.

Al respecto, recordó que «un obrero automotor paga Ganancias, el presidente y sus ministros, los legisladores también; los únicos que no pagan son los que están en la Justicia».

Casaretto reiteró que la exención del pago de Ganancias para el Poder Judicial «significa un costo de $238.000 millones para el año que viene», y que la discusión en torno de la «intangibilidad» de los ingresos de los magistrados «viene desde hace 90 años«, cuando en 1932 se aprobó el impuesto a los Réditos.

Por entonces, «la Corte Suprema interpretó que todos tenían que pagarlo menos ellos», recordó, además de señalar que «ese impuesto fue cambiado por el de Ganancias en la década de los ’70 y en la de los ’90 se eliminó la exención para los jueces».

No obstante, nuevamente «la Corte, encabezada por Julio Nazareno en 1996, volvió a disponer que todo el mundo pagara Ganancias menos ellos», indicó, en tanto que «a partir de 2016, se aceptó que pagaran Ganancias los jueces que entraran de 2017 en adelante, pero no los que estaban hasta esta fecha».

El legislador del FdT destacó que cuando presentó el proyecto «hubo varios diputados de la oposición que pidieron la palabra y apoyaron», por lo que cree que «finalmente, el martes vamos a tener la mayoría para imponer este tema», en la sesión prevista en la Cámara de Diputados.

Casaretto aclaró que, a diferencia de la ley sancionada en 2016, si prospera su iniciativa «tendrán que pagar todos, independientemente de la fecha en que hubieran ingresado».

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio de Economía este año el Estado dejará de percibir 129.105 millones de pesos, el equivalente al 0,16% del PBI por no cobrarles Ganancias a los jueces y funcionarios judiciales. El próximo año este monto se elevará a 237.850 millones de pesos (0,16% del PBI). El Gobierno advierte además en ese mismo documento que esta exención «No contempla una política pública asociada a este beneficio» y que «influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados».

El Gobierno planteó a los legisladores en este documento que si se dispusiera la eliminación de toda esta serie de beneficios fiscales en favor de ciertos sectores como el Poder Judicial, grandes empresas y algunas regiones se «podría mejorar la performance del presupuesto en 2,4 puntos del PBI». Es decir que el déficit fiscal de 1,9 puntos del PBI previsto para 2023 podría pasar, de avanzar en la eliminación de esos beneficios, a convertirse en un superávit de 0,5 puntos.

Un poco de Historia

En nuestro país esta discusión se remonta a la década del ‘30. En 1936 la Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó este tema por primera vez en el caso “Fisco Nacional c. Rodolfo Medina”. En aquella oportunidad, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del impuesto que gravaba el sueldo de los jueces federales.

El 13 de marzo de 1996, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.631 mediante la cual se dispuso que los salarios de los jueces ya no quedarían exentos del pago del Impuesto a las Ganancias a partir del 1 de enero de ese mismo año. La reacción de los magistrados fue inmediata, y el 11 de abril de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20 mediante la cual se declaró la “inaplicabilidad” de esa ley, argumentando que los salarios de los jueces son intangibles, que por lo tanto no se los puede disminuir, y que si tuvieran que pagar el Impuesto a las Ganancias se los estaría disminuyendo violándose así la garantía de la intangibilidad de sus remuneraciones.

A su vez, el 22 de diciembre de 2016, el Congreso sancionó la ley 27.346 mediante la cual se dispuso que deberían abonar el impuesto a las ganancias todos los magistrados que asumieran sus funciones a partir del 1 de enero de 2017.

La visión de los jueces

Como viene ocurriendo desde hace años, en Comodoro Py una gran parte de los magistrados se oponen históricamente a la medida y rechazan que se trate de un privilegio como sostienen aquellos que pretenden derogar la exención vigente hasta el momento.

Incluso aventuran que será difícil de implementar si esto fuera aprobado, puesto que en la actualidad «hay muchos amparos» que impiden el pago a quienes les corresponde por ley. Desde esa perspectiva no se descarta un escenario de judicialización en caso que el artículo de Casaretto sea parte de la ley.

Por otra parte, algunos sostienen el argumento de que el descuento “implica una drástica disminución salarial”  e incluso están quienes consideran que la iniciativa busca «castigar» al Poder Judicial por no poder disciplinarlo.

Por su parte, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) también se sumó al rechazo. En Modo Fontevecchia (Radio Perfil), sostuvo: «Quieren grabar con el impuesto a las ganancias no solamente a los jueces, sino a todo el poder judicial y a los ministerios. El salario no es ganancia».

Actualmente hay unos 300 jueces los que pagan y unas 200 vacantes, por lo que los que no pagan son menos de la mitad, de un total de cerca de 700 magistrados nacionales y federales de todo el país.

Para NCN por Juan José Postararo