El ex ministro de Justicia Germán Garavano, citado como testigo a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, consideró que «no correspondía» el fallo «Muiña» con el que la Corte Suprema pretendió conceder el beneficio del 2×1 en la conmutación de la pena de represores de la última dictadura militar.
«Más allá de que respeto la independencia judicial y creo que estaba dentro de las facultades de la Corte, yo creo que no correspondía, como no correspondía el 2×1 que es una ley que genera un tema muy perverso respecto del sistema de justicia como respecto del sistema carcelario, y no solo en delitos de lesa humanidad. En delitos donde hubo violaciones o asesinatos, organizaciones de lo más sofisticadas se beneficiaron con esa norma», manifestó al responder preguntas de los integrantes de la comisión en el anexo de la Cámara baja.
Al hacer referencia al planteo del diputado oficialista Leopoldo Moreau sobre el uso de las prisiones preventivas durante el gobierno anterior, el dirigente de Juntos por el Cambio aclaró que esas situaciones «las deciden los jueces» y «no se le pueden atribuir a un gobierno».
«Si no podríamos decir que la condena de Cristina Kirchner es culpa de este gobierno», contestó.
En otro orden, negó haber hablado alguna vez sobre el «2×1» con la ex jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, cuyo voto a favor en aquel fallo es investigado como parte de un supuesto intercambio de favores por el cual el Gobierno de Mauricio Macri se comprometía a no recurrir una sentencia que la magistrada había obtenido para seguir en su cargo más allá de los 75 años.
«Con Highton nunca hablé del caso Muiña. Solamente sobre la reforma del sistema de Justicia, cómo mejorarlo. No tuve tantas charlas, no tenía una cotidianeidad de reuniones con ella», contestó.
Garavano explicó que decidieron no apelar el fallo que favoreció a Highton de Nolasco porque se atuvo a las «doctrinas Fayt y Petracchi» sobre el tema.
Recordó en ese sentido que el ex ministro de Justicia de la Nación Julio Alak había desistido del recurso de apelación de una sentencia que beneficiaba en ese mismo sentido al fallecido ex juez Enrique Petracchi.
«Yo tomo la decisión de mantener ese criterio en base a ese antecedente», dijo, al hacerse cargo de la decisión.
Y al respecto detalló que tomó la decisión «estando de licencia» y se la comunicó a su entonces secretario de Justicia Santiago Otamendi y al entonces director de Asuntos Jurídicos Horacio Pedro Diez. Éste último fue en quien delegó la responsabilidad de realizar un informe sobre la postura del Ministerio de Justicia en relación al fallo «Schiffrin» que avaló la continuidad de Highton de Nolasco.
«¿Le dejó la responsabilidad de contestar la demanda por la continuidad de una jueza del máximo tribunal a un abogado del Ministerio, y usted y su secretario no participaron?», le preguntó con desconfianza Rodolfo Tailhade.
A lo cual Garavano contestó: «Es un informe, el Estado tiene que informar al juez para que el juez resuelva y yo creo que no hay mejores manos en el Estado argentino que las del doctor Diez».
Incómodo por las suspicacias sobre el voto de Highton de Nolasco, el ex ministro macrista salió en defensa de la idoneidad profesional de la ex magistrada, a quien definió como «una de las mejoras juezas que ha tenido la Corte» junto con Carmen Argibay, por lo que le reclamó a los diputados opositores que no la «vapuleen» ni la «bastardeen».
«No puedo dejar de señalar que fue una jueza designada por (el ex mandatario) Néstor Kirchner, que ha tenido una relación directa con el actual presidente (Alberto Fernández y sus equipos», acotó.
En tanto, el ex funcionario de Cambiemos dijo que no recordaba si había hablado sobre el tema con el entonces jefe de asesores de la Presidencia (y actual senador nacional) José Torello ni con el operador judicial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón (prófugo de la Justicia), a quien dijo haberlo visto «varias veces» en la Casa Rosada aunque sin saber qué cargo desempeñaba en la estructura del Gobierno de Cambiemos.
Tanto Torello como Rodríguez Simón (prófugo en Uruguay) fueron citados como testigos por la comisión por las sospechas que pesan sobre ellos de haber sido parte del dispositivo judicial macrista para negociar fallos con la Corte Suprema, pero se mostraron reticentes a declarar.
A su turno, la diputada del Frente de Todos Mara Brawer afirmó que tenía registro de 149 comunicaciones telefónicas entre Garavano y Rodríguez Simón.
Ofuscado, el testigo dijo que iba a promover una denuncia penal para conocer si había habido espionaje ilegal para acceder a sus conversaciones privadas, y el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro pidió a la comisión que se pronuncie en ese mismo sentido.
Minutos después, Tailhade aclaró que la fuente de Brawer era una investigación periodística del medio El Destape en base a un informe de la Dirección Judicial de Asistencia en Delitos Complejos (DAJUDECO) que consta en el expediente «Indalo contra Macri y otros» que tramita en el juzgado de la doctora María Romilda Servini de Cubría. El diputado kirchnerista y especialista en temas de Justicia corrigió la cantidad de comunicaciones entre Garavano y Rodríguez Simón al señalar que en realidad fueron 162.
«No corresponde ninguna denuncia penal (al medio periodístico). En todo caso hagan un pedido de juicio político a Servini de Cubría que es la que ordenó esa medida de prueba», arremetió Tailhade.
A continuación, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, le preguntó a Garavano si conocía al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, involucrado en chats con Silvio Robles, de la vocalía de Rosatti, y en su respuesta el ex ministro reconoció que existe una «relación política», pero lejos de una amistad.
«Es una norma que yo critiqué siempre y por eso me duele más esta situación”, explicó sobre su involucramiento como testigo en el juicio político, en el cual subyacen sospechas sobre el supuesto interés del ex ministro macrista en que se dictara el controvertido fallo Muiña.
En esa línea, Garavano aseguró que «disiente con muchas decisiones de la Corte», y explicó que «esa es la esencia de la democracia».
«Pero si cometieron algún delito o violaron la ley está muy bien que avance el juicio político pero no por el contenido de sus fallos, eso no es parte de la democracia», concluyó.