JxC pide que se recomponga el pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad en todo el país

La Diputada Nacional de Evolución Radical, Carla Carrizo, junto a más de 20 Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Federal de Ingresos Públicos se informe la razón de las demoras registradas en el pago de las prestaciones médico asistenciales a las personas con discapacidad a través del Fondo Solidario de Redistribución, conforme Decreto 904/2016 del Poder Ejecutivo Nacional.

Se trata de un reclamo que han nacionalizado las organizaciones de profesionales y de personas con discapacidad.

«El Gobierno Nacional pretende ajustar y desfinanciar las prestaciones a personas con discapacidad. Sin dudas la prioridad del Gobierno está en Recoleta y no en Plaza de Mayo, donde las organizaciones se han convocado para reclamar por sus derechos», señaló Carla Carrizo.

En este sentido recordó que «La semana pasada el Gobierno Nacional recortó $50 mil millones a educación y a primera infancia. Ahora, pretende ajustar y desfinanciar las prestaciones a personas con discapacidad. Sin embargo, aumentó $37 mil millones a empresas públicas que tienen presupuesto subejecutado”.

“Sin dudas la prioridad del Gobierno está en Recoleta y no en Plaza de Mayo, donde las organizaciones se han convocado para reclamar por sus derechos», señaló la Diputada radical.

«Presentamos junto a más de 20 Diputados Nacionales un pedido de informes para que se recomponga de manera urgente el pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad en todo el país. Sobra Estado, falta criterio», finalizó Carrizo.

El proyecto lleva las firmas de los Diputados Carla Carrizo, Martín Tetaz, Danya Tavela, Victoria Tejeda, Anibal Tortoriello, Emiliano Yacobitti, Camila Crescimbeni, Dolores Martínez, Dina Rezinovsky, Germana Figueroa Casas, Carlos Zapata, Marcela Ántola, Mercedes Joury, Pablo Torello, Martín Berhongaray, Gabriela Brouwer de Koning, Silvia Lospennato, Karina Bachey, Victoria Morales Gorleri, Adriana Ruarte, Ana Clara Romero y Pablo Cervi.

Sobre el Proyecto

En sus considerandos la iniciativa sostiene que «Este desfinanciamiento, además de significar un incumplimiento de la ley y del propio Decreto 904/2016, pone en peligro la efectiva prestación a las personas con discapacidad al cortar los pagos de los prestadores. Es más, se ha llamado a un paro en las prestaciones en diferentes jurisdicciones del país (acompañantes terapéuticos, psicopedagogos/as, fonoaudiólogas/os, etc.) con apoyo, incluso, de los/as destinatarios/as de los servicios. Es que la demora en los pagos tiene un doble impacto negativo: No solo implica el pago tardío o extemporáneo de los servicios; sino que, en un contexto de alta inflación como el que atraviesa la Argentina, significa llanamente una medida de ajuste indirecta».

Ademas señala que «esta problemática ocurre en un contexto donde el gobierno nacional ya anunció que se encuentra trabajando sobre modificaciones en la estructura de financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad».

«Todo ello consiste en una sumatoria de acciones que causan enorme preocupación y angustia en el colectivo de personas con discapacidad que temen que dichos cambios impacten negativamente en la salud, educación y bienestar integral de sus familiares, así como en las prestaciones de las organizaciones y profesionales que trabajan con ellas hace años» cierra en sus argumentos.

El Proyecto