La vicepresidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Karina Banfi, presentó -acompañada por las autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio- un proyecto de ley llamado “Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”, que tiene por objetivo la rendición de cuentas y transparencia de las actividades “en representación del Poder Ejecutivo Nacional o propias y con sustento de fondos públicos que realice el cónyuge de la persona que se encuentre a cargo del Gobierno nacional”.
Históricamente los cónyuges presidenciales han formado parte de la coyuntura política y social del Estado argentino y corresponde que tengan una agenda pública en lo que respecta a todas las actividades realizadas en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y que rindan cuentas ante la ciudadanía cuando hacen uso del erario.
“Todos recordamos el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que se estableció durante la pandemia, que fue extremadamente trágico porque no podíamos ver a nuestros seres queridos, estábamos encerrados, sin poder ver a nuestra familia, a nuestros enfermos. Sin embargo, en Olivos era un viva la pepa, hasta festejaban el cumpleaños de Fabiola Yáñez, su peluquero la visitó 23 veces”, recordó la diputada nacional Karina Banfi, quien sostiene una lucha en la Justicia porque el Gobierno nacional se negó a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública para defender el secreto de las actividades de la pareja de Alberto Fernández.
Asimismo, sostuvo Banfi: “Presenté este proyecto, acompañada de diputados de Juntos por el Cambio, porque como el/la cónyuge presidencial no son funcionarios, cuando se le pide algún tipo de información, te dicen que no son ni sujetos obligados a la ley de Ética Pública, ni sujetos obligados de la ley de Acceso a la Información Pública porque no tienen ninguna responsabilidad institucional. Mientras tanto, hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos, entonces para terminar con esta arbitrariedad presenté el proyecto de ley Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”.
Desde el año 1999, Argentina cuenta con la Ley N ° 25.188 de Ética Pública que establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, incluyendo los deberes y pautas de comportamiento ético que deben regir a la función pública.
Asimismo, desde el año 2016, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública N° 27.275. El acceso a la información pública obliga al gobierno a transparentar su gestión y rendir cuentas a la ciudadanía, y permite a la ciudadanía controlar a sus representantes y funcionarios públicos.
El rol que fue representado históricamente por la “primera dama” no percibe un sueldo del Estado, pero hace usos de bienes que se sustentan con fondos públicos, como autos y helicópteros y otros privilegios presidenciales. Hay “primeras damas” que han llegado a tener equipos de trabajo a su cargo. Además, cuenta con la asistencia de la Secretaría General de la Presidencia y es custodiada por la Casa Militar, según el decreto 50/2019.
“Este vacío legal es un problema, por lo tanto, el objetivo de este proyecto refiere a la imperiosa necesidad de garantizar los estándares de transparencia de los actos de gobiernos y el acceso a la información pública que constituyen las bases del sistema democrático sobre los gastos y actividades que realizan los cónyuges de quien se encuentra a cargo del poder ejecutivo nacional”, cerró la diputada Nacional, Karina Banfi.
Acompañaron el proyecto de ley los diputados Mario Negri, Soledad Carrizo, Juan Manuel López, Paula Olivetto, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Margarita Stolbizer, Rodrigo De Loredo y Dolores Martínez.