La aplicación de la “muerte cruzada” en Ecuador
Por Mariano Yakimavicius
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó la disolución del Poder Legislativo -de mayoría opositora- y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones.
Acorralado por un juicio político en su contra, Guillermo Lasso utilizó un mecanismo previsto en el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador conocido como “muerte cruzada”. Éste procedimiento, utilizado por primera vez desde la sanción del texto constitucional en 2008, le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional, institución de composición unicameral que ejerce el Poder Legislativo.
El mecanismo se llama así porque implica la inmediata disolución de la Asamblea Legislativa y, simultáneamente, el cese del presidente en su cargo una vez elegidas las nuevas autoridades.
La “muerte cruzada” puede ser invocada por el primer mandatario sólo ante tres escenarios. Cuando a su criterio la Asamblea Nacional se hubiera “arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”; cuando “de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”; o debido a una “grave crisis política y conmoción interna”. En el decreto ejecutivo firmado por Lasso, se hizo mención a la crisis política que atraviesa el país -en sentido amplio- y se acusó a la Asamblea de “un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado”.
Esta facultad sólo puede ser ejercida una sola vez y durante los tres primeros años del mandato. También especifica que en un plazo máximo de siete días desde la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el resto de los respectivos períodos.
Si bien es cierto que ante una crisis institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la “muerte cruzada” le “devuelve” el poder al pueblo ecuatoriano para que éste decida mediante elecciones libres, también es cierto que hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presiente dispone de un umbral de tiempo para gobernar por decreto, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
¿Por qué Lasso disolvió la Asamblea Nacional?
Mediante esta maniobra Lasso logró dos cosas: evitar un juicio político que terminaría en su destitución, y ganar un breve período de tiempo para intentar demostrar si es capaz de adoptar medidas contundentes que le permitan al país sortear la crisis social y económica. Téngase en cuenta que Lasso podrá presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en los nuevos comicios, aunque habrá que esperar para ver si logra incidir favorablemente en la voluntad popular.
El juicio político iniciado en su contra estaba próximo a sumar los dos tercios necesarios de los 137 legisladores que integran la Asamblea Nacional. Es por eso que, ante la inminente destitución, el mandatario optó por aplicar el artículo 148 y arrastrar así a la Asamblea a un final anticipado, consciente de que el suyo propio estaba prácticamente asegurado.
Respecto de las acusaciones que recaen sobre él, apuntan a su presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales. Recuérdese que el petróleo es el principal -prácticamente el único- recurso económico de Ecuador, cuya economía además, está dolarizada.
Lasso niega la supuesta malversación de fondos públicos por parte de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta los contratos. Asimismo, sostiene que los documentos fueron firmados durante el gobierno de su antecesor, Lenín Moreno (2017-2021), y que su administración solicitó a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) una revisión de los documentos.
Respecto del juicio político, el jefe de Estado exhibió oportunamente el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba descartarlo por falta de pruebas, pero la Asamblea lo rechazó. Lasso alegó que el proceso no era más que una maniobra política deliberada para sacarlo del poder.
¿Cómo sigue?
Tras el anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones. Los nuevos comicios presidenciales y legislativos deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días tras su convocatoria. Como ya se expresó, Lasso podrá presentarse como candidato.
El CNE debe proclamar de forma oficial los resultados de los comicios en el plazo máximo de siete días después de las votaciones. Si ninguna candidatura presidencial alcanzara la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, se convocará una segunda vuelta que deberá realizarse en los 45 días siguientes a la proclamación de resultados. Una vez proclamados los resultados definitivos de la segunda vuelta electoral, las nuevas autoridades deberán tomar posesión de sus cargos dentro de los 15 días siguientes. Las nuevas autoridades ocuparán sus cargos únicamente hasta 2025, cuando concluirá el periodo constitucional actual (2021-2025) y ese año se convocará a nuevas elecciones.
El mecanismo de “muerte cruzada” ya no podrá volver a utilizarse en lo que resta de éste período constitucional.
Repercusiones y balance
Los diversos sectores que integran la oposición al gobierno reaccionaron airadamente ante la medida. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -la organización indígena más grande del país- expresaron que la decisión de Lasso era propia de una “dictadura” y que celebrarían un “consejo ampliado extraordinario” para analizar la situación. La Conaie tiene un peso político insoslayable en el país. Fue la organización impulsora de numerosas protestas sociales que sometieron a una intensa presión a varios mandatarios en las últimas décadas, incluyendo al propio Lasso.
Por su parte, el expresidente Rafael Correa, figura central de la política ecuatoriana, calificó la medida de Lasso como “ilegal”. Su espacio es el mayor ganador en esta situación, dado que ha capitalizado rápidamente las críticas al mandatario. También, aunque en menor medida, el Partido Social Cristiano -del centro derecha- y las organizaciones indígenas. Habrá que observar en lo inmediato cómo estos espacios políticos conducen las inquietudes sociales en las calles.
A modo de balance provisorio, puede decirse que el presidente logró sortear la indignidad de un juicio político desfavorable pero a un costo altísimo, porque su gobierno tiene ahora fecha de vencimiento. Logró disponer de un plazo que no podrá superar los 6 meses para demostrarle al país si es capaz de gobernar mediante decretos y solucionar las tres mayores crisis que atraviesa: económica, laboral y de seguridad. Sin embargo, todos los decretos deberán pasar por el “filtro” de la Corte Constitucional, una prueba que inevitablemente deberá enfrentar.
En definitiva, no parece que la “muerte cruzada” le otorgue a Lasso herramientas sustanciales para cambiar el rumbo en la forma en la que su gobierno operó hasta ahora. Más aún, la aplicación de la “muerte cruzada” podría alcanzar un efecto terrible si, como parece, en vez de calmar los ánimos los exacerba todavía un poco más.
No está claro si Lasso se presentará a la reelección, pero ya dio sorpresas en el pasado. Lo que si parece claro es que en Ecuador está garantizada la inestabilidad durante los próximos meses y los y las representantes que se elijan en las próximas elecciones, dispondrán solamente de un breve período de transición para -hasta 2025- para estabilizar el país. Una vez más, en Latinoamérica la dirigencia política parece resolver sus rencillas muy lejos de los padecimientos populares.