El mundo profesional del periodismo tiene una nueva entidad federal en la Argentina al fundarse, el lunes 22 de junio, la Asociación de Periodistas de la República Argentina (e/f), con representantes de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Iniciativa que impulsan periodistas con cobertura diaria en la Casa Rosada, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los ministerios de Economía y Agricultura, como así también la Jefatura de Gobierno porteña y la Legislatura, y otros sitios públicos y privados del país.
La interrelación que tienen las noticias en esos ámbitos generó esta nueva opción que agrupa a periodistas con lógica solidaria de todo el país y las Islas Malvinas y Atlántico del Sur.
La creación de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) tiene el fin de abogar por la libertad de expresión y, además, propender a facilitar la labor periodística en todos los ámbitos
El puntapié inicial en esa dirección es un chat de Whatsapp en el que los periodistas de APeRA intercambian informaciones de interés profesional, en pie de igualdad y con un espíritu netamente federal.
La cantidad de integrantes en 48 horas superó todas las expectativas y sobrepasó largamente el centenar de asociados, hecho que ratificó el éxito del eje federal informativo, sobre la base de uno de los principios de APeRA, que es el derecho inalienable de los ciudadanos a estar informados, un derecho humano consagrado por nuestra Constitución Nacional y la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos.
La tarea que propone es una “Agenda Federal” es hacer hincapié en los contenidos federales respetando las diferentes realidades del país y busca además desarrollar un estricto sentido profesional para la cobertura periodística. Ese propósito tiene el objetivo de diseñar un original volumen de noticias, enriquecedo por el intercambio recíproco de todos los profesionales del arte de comunicar.
Es el primer paso para hacer realidad un abanico de proyectos que incorporan las nuevas tecnologías al servicio del derecho a la información de los ciudadanos.