La caja de Pandora. Por Mariano Yakimavicius
La revelación de los Pandora Papers reabre el debate iniciado con los Panamá Papes y pone en tela de juicio a numerosos gobiernos.
En 2016 se conocieron los “Panama Papers”, investigación periodística global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que expuso los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales. Se basó en la filtración de millones de documentos internos del estudio panameño ya desaparecido Mossack Fonseca. 
Esta revelación mostró con crudeza lo que se sospechaba, a saber, que los ricos y famosos del mundo, escondían su dinero para evitar pagar impuestos, perjudicando de ese modo a la población en su conjunto. Con un gran impacto mundial, se convirtió en la filtración más grande en la historia del periodismo, hasta ahora.
Volver a empezar, que aún no termina el juego
La semana pasada se conocieron los “Pandora Papers”, una filtración de casi 12 millones de archivos (6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo) que exponen la riqueza y los acuerdos secretos de políticos, famosos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos una vez más- por el ICIJ. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del mundo.
Las revelaciones involucran a personas famosas y desconocidas con actividades en el sector privado, pero también a gobernantes y funcionarios, sin distinción de ideologías, partidos políticos, dictaduras o democracias. Los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del planeta, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza. De esa manera, pueden canalizar y desviar dinero y esconderlo, generalmente mediante el uso de empresas anónimas.
Tal como sucedió con los Panamá Papers, también ahora se comprueba algo que ya se sabía. Sin embargo, en esta
oportunidad queda la sensación más amarga de que ni siquiera la advertencia de los Panamá Papers sirvió para que algo cambiara. La codicia de quienes ocupan la cúspide del poder global parece no tener límites. Mucho menos vergüenza.
Los Pandora Papers revelaron redes complejas de empresas que atraviesan las fronteras, e implican la propiedad oculta de dinero y activos. Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en Argentina, pero poseerla a través de una cadena de empresas «offshore» -es decir, 
con sede en otros países- ocultando su identidad.
Estas empresas offshore se establecen en “paraísos fiscales” o “jurisdicciones secretas” que se caracterizan por la facilidad para crear sociedades, una legislación que dificulta la identificación de los propietarios, y bajos o nulos impuestos a las sociedades.
Si bien no existe una lista definitiva de paraísos fiscales, los destinos más conocidos incluyen a Suiza, Singapur y -particularmente- los Territorios Británicos de Ultramar tales como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Llamativamente, la metrópoli también es destino de algunos de los gastos fabulosos de esas sociedades, como los 70 millones de libras atribuidas al Rey de Jordania invertidas en propiedades en el Reino Unido y los Estados Unidos, o la participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios por más de 400 millones de libras.
Los Pandora Papers incluyen también a Latinoamérica, con tres presidentes en ejercicio -Sebastián Piñera de Chile,
Guillermo Lasso de Ecuador, Luis Abinader de la República Dominicana- y once expresidentes. En Argentina, están involucradas las tres familias con mayor poder político en los últimos 30 años: Menem, Kirchner y Macri.
Legalidad versus legitimidad
Una de las preguntas que surgen es si los paraísos fiscales y las sociedades offshore ligadas a ellos son ilegales o no. Los vacíos en las leyes permiten que las personas eviten pagar algunos impuestos moviendo su dinero o estableciendo empresas en paraísos fiscales sin que eso sea ilegal. Los británicos, creativos en el arte del eufemismo, sostienen que evitar impuestos implica “operar dentro de la letra”, pero no del “espíritu de la ley».
Es decir que entran en juego en el análisis categorías tanto o más importantes que la legalidad, tales como la ética y la legitimidad. Esto corre tanto para el sector privado como para el sector público, pero en el último caso es mucho más grave porque es el que debe velar por los intereses públicos.
Concretamente, si un gobierno le exige a la ciudadanía el pago de impuestos de acuerdo a determinadas leyes y con esos impuestos se sostiene la estructura del Estado de la cual teóricamente se beneficia el conjunto de la población y, especialmente los sectores más desfavorecidos de ella, pero los gobernantes y los funcionarios encuentran vericuetos que les permiten no pagar los mismos impuestos, podrán evitar caer en la ilegalidad, pero claramente incurrirán en un comportamiento antiético e ilegítimo. Antiético porque proceden de manera tal que su accionar no podría ser elevado a la categoría de ley universal, puesto que, si todos hicieran lo mismo, fracasaría el financiamiento del Estado y el resultado sería la anarquía. Ilegítimo porque la regla de juego que se aplica a toda la sociedad es evitada justamente por quienes la proponen o tienen la obligación de velar por su cumplimiento. Es peor aún, porque son precisamente los gobernantes quienes tienen el poder de combatir los paraísos fiscales y las sociedades offshore y, sin embargo, las utilizan para su propio beneficio.
Para comprender el tamaño del daño, es importante detenerse en algunas cifras. Pese a que es imposible saber con certeza los números exactos, las estimaciones del ICIJ oscilan entre los 5,6 y los 32 billones de dólares. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que los paraísos fiscales suponen un costo a los países de todo el mundo de alrededor de 600 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año.
Hay varias conclusiones que pueden extraerse de todo esto. La primera es que quienes ostentan posiciones de poder tienden a valerse de él para evitar cumplir con las reglas de juego generales. La segunda es que, pese a todo, los sistemas políticos democráticos siguen siendo siempre preferibles a aquellos que no son, porque es en ellos que existe la libertad de información y de opinión que permite tomar conocimiento de estos hechos. La tercera es que, de no adoptarse medidas contundentes, la naturalización de estas noticias y el adormecimiento de la capacidad de indignación de la opinión pública global solamente conducirá a un agravamiento de la situación.
Mientras tanto, la capacidad de ocultar dinero tiene un impacto directo en nuestras vidas. Coarta el acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna. Limita nuestro acceso a derechos.
