La Ciudad podrá vender seis predios situados en la Villa 31 para financiar obras y amortizar deudas
Unos seis predios de la ciudad de Buenos Aires, situados en la Villa 31 de Retiro, podrán ser vendidos por el Gobierno porteño para financiar obras de infraestructura social y amortizar deuda, de acuerdo a una ley aprobada en la Legislatura, en una sesión en la que vecinos rechazaron la iniciativa por considerar que no garantiza que puedan adquirir esos terrenos que habitan.
En rigor, la norma recibió 41 votos afirmativos del interbloque oficialista, que reúne a Vamos Juntos y Evolución, y 17 en contra y abarcó unos 12 terrenos distribuidos en la Ciudad, incluidos los del barrio Carlos Mugica, conocido como Villa 31, y uno ubicado donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos, que se mudará al partido bonaerense de Cañuelas.
La iniciativa fue remitida en marzo por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura y debatida por la Comisión de Presupuesto, desde donde se realizaron modificaciones.
Además, está directamente vinculada a la ley 6129 de reurbanización del barrio Mugica, del 2018, que dispuso, entre otros ejes, que los vecinos iban a poder acceder a la titularidad de sus viviendas a través de créditos del Banco Ciudad.
La ley sancionada contiene tres artículos, el primero fija la venta de los seis predios de la Villa 31, el siguiente detalla la enajenación de los seis polígonos restantes y el último precisa el destino de los fondos obtenidos para «el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda y para la cancelación de amortizaciones de deuda» que tiene la gestión porteña.
En ese sentido, la polémica del debate parlamentario giró en torno al primer artículo dado que desde el oficialismo aseguraron que está contemplada la garantía a los vecinos del barrio para que puedan acceder a la compra de las viviendas que están localizadas en los predios comprendidos en la ley, mientras que desde el arco opositor sostuvieron que ello no estaba claro y que la redacción era confusa.
Puntualmente, el texto objetado autoriza la enajenación de los predios de Retiro “conforme la ley 6.129 con el fin de brindar soluciones habitacionales definitivas para los vecinos del barrio, facilitar el funcionamiento de las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para el desarrollo de equipamiento socio-urbano”.
Las discusiones de los diputados se enfocaron en ese apartado y acordaron, al menos, un agregado para que el Gobierno construya dos escuelas dentro de barrio más allá de los establecimientos que funcionan en el polo educativo María Elena Walsh.
Durante su discurso, el presidente del bloque Vamos Juntos, Agustín Forchieri, sostuvo que el texto «cumple con el objetivo de la radicación definitiva de los habitantes del Barrio 31” y destacó que la ley “brindará a la totalidad de los habitantes la seguridad de la tenencia del inmueble”.
El vicepresidente segundo de la Legislatura y diputado de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, consideró que “no se garantiza la efectiva transferencia de los inmuebles a los vecinos” y que, a su entender, “este proyecto tiene aristas problemáticas y sienta precedentes peligrosos porque vincula la toma de deuda con la venta de tierras”.
Parte de los vecinos de la villa de Retiro, que estuvieron en el recinto de la Legislatura y en las puertas del edificio en medio de un amplio vallado policial, se sumaron a los cuestionamientos expresados desde el arco opositor.
“Rechazamos este proyecto porque nos expulsa del barrio y porque no nos garantiza que vayamos a ser dueños de nuestras viviendas”, dijo a Télam Héctor Guanco, habitante del barrio en referencia al primer artículo de la norma.