La Coalición Cívica (CC) amplió la denuncia judicial que había presentado contra funcionarios del Gobierno nacional, a quienes acusa de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre fondos coparticipables entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, e incluyó entre ellos al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
Elisa Carrió y la Coalición Cívica ampliaron denuncia para que se investigue a Zannini ante “hechos de extrema gravedad institucional” para desobedecer el fallo de la Corte Suprema.
Leé el comunicado 👇https://t.co/n9KZajpews pic.twitter.com/LKp6ppzG56— Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) December 29, 2022
En el escrito, firmado por Elisa Carrió y varios legisladores de la CC, se explica que se trata de una ampliación de la denuncia original presentada y en esta oportunidad piden que “se investigue también al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini”.
En la primera presentación, efectuada luego del fallo de la Corte Suprema, la Coalición Cívica había pedido investigar al presidente Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa; al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, por “incumplir con lo ordenado por la Corte Suprema”, en el expediente en el cual el máximo tribunal dispuso a través de una medida cautelar que la Nación debe abonar el 2,95% de los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía.
La CCa explica en el escrito que la ampliación de la denuncia, pidiendo que se investigue a Zannini, tiene que ver con el hecho de que “el Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de seguir interviniendo en la causa, planteando en subsidio su recusación; y además interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el pasado 21/12/2022”.
En el apartado del “petitorio” de la denuncia presentada, pide que “se cite a los imputados en los términos del artículo 294 del ordenamiento procesal” para que “en caso de corresponder, se los condene al máximo de la pena prevista para los delitos en los que, en definitiva, se encuadren los hechos objeto de denuncia”.