La Coalición Cívica denunció por asociación ilícita a los dirigentes del Movimiento Evita, que también son funcionarios públicos. Se los acusa de girar, mediante convenios amañados, más de $3.000 millones a sus cooperativas. De acuerdo con la presentación, los acusados otorgan y controlan debido a que ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Lo que significa que la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.
La causa penal se tramita en el despacho del juez federal Daniel Rafecas. La misma sostiene que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo- para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.
En tanto, la Coalición Cívica considera que el presunto desmanejo de los fondos estatales “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido”.
Dentro de los denunciados por presunta asociación ilícita, se encuentran Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya, también integrante del Evita; y Gildo Onorato, preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados.
La descripción de la maniobra es por “transferencias directas de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento”. Asimismo, entre las pruebas presentadas se estudian más de 150 convenios aprobados y concedidos a cooperativas y entidades que responden al Movimiento Evita.
Los fondos provienen del Potenciar Trabajo, el programa del Ministerio de Desarrollo Social que es administrado desde la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico. Los casi $4.000 millones fueron derivados a las cooperativas de trabajo y Unidades de Gestión en la que cumplen funciones los beneficiarios del Potenciar Trabajo, a través de “convenios” firmados entre el ministerio de Desarrollo Social, desde la secretaría de Pérsico; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Roig; y las cooperativas de trabajo enroladas en la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, precedida por Onorato. El control sobre el destino final del dinero, que debería ser utilizado para el desarrollo productivo o capacitaciones, recae en manos de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, es decir de Milagros Moya, otra integrante del Evita.