La Coalición Cívica denunció ante la OEA por el juicio político a la Corte Suprema
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados que le responden, denunciaron al Gobierno ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la avanzada en el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una denuncia por “posible violación a la Carta Democrática” y fue enviada al titular de la organización, Luis Almagro.
Desde la Coalición Cívica plantearon que “el operativo de presión y desgaste sobre la Corte Suprema de Justicia no cesa”. También, consideraron que “el Gobierno nacional y, en especial, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pretenden someter” al máximo tribunal. “El objetivo primario es tener una Justicia que responda directamente a sus intereses con una composición de la Corte diferente a la actual. El objetivo secundario, si es que no pueden cumplir con ello, es tener una Corte Suprema de Justicia que se presente como adversaria, cuyos integrantes sean vistos como opositores al Gobierno, desgastar sus figuras y la de la institución, para lograr que la Corte no falle sobre temas que el Gobierno Nacional no quiere, o bien que si lo hace, sus fallos sean leídos como parte de una conspiración contra el Gobierno”.
En tanto, alertaron que “para lograr esos objetivos han incrementado los mecanismos de presión contra la Corte y sus integrantes”. “Mientras todas estas marchas contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como parte de un plan orquestado por el gobierno nacional, en el Senado de la Nación avanzaba un proyecto de ley por medio del cual se pretende ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema”, mencionaron.
“Lo que se pretende es la designación de 11 integrantes nuevos a la Corte puesto que los otros cuatro, en principio, y siempre que los mecanismos de presión no surtan efecto, seguirían en sus cargos. El modus operandi del Gobierno para desgastar a la Corte fue: críticas a la Justicia en general hablando de lawfare en los casos que involucraban a la Vicepresidenta por corrupción, marchas organizadas por militantes y funcionarios contra la Corte pidiendo la renuncia, luego marchas organizadas directamente por el Gobierno, después proyecto de modificación de la Corte Suprema de Justicia y ahora, juicio político a todos los miembros de la Corte”, completaron.
“El pedido de juicio político está basado principalmente en supuestas pruebas producto de espionaje ilegal y en la discrepancia con dos fallos judiciales: uno sobre fondos coparticipables, resolución contra la que el Presidente de la Nación intenta alzarse desde que fue dictada, y otro sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Resulta evidente por el contexto señalado que el pedido de juicio político se efectúa para presionar a los jueces de la Corte”, añadieron.
Por último, indicaron que “venimos a poner en conocimiento lo que consideramos un capítulo más de una saga que se inició el 10 de diciembre de 2019 y que se agravó con la condena por corrupción que se le dictara a la Vicepresidenta”. “La Corte es quien puede llegar a revisar, en última instancia, la condena que le impusieron a la Vicepresidenta, y el Presidente de la Corte presidirá el Senado -que es el encargado de juzgar en los juicios políticos- cuando el acusado sea el presidente de la Nación. El ataque frontal y anti republicano a la Corte Suprema encuentra allí sus motivos. Es nuestra obligación legal y nuestro deber cívico, ponerlo en su conocimiento”, cerraron.