La Comisión de Discapacidad debatió el nuevo formato digital para solicitar pensiones
La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reunió para discutir el nuevo formato digital del Certificado Médico Oficial (CMO) y recibió a especialistas que cuestionaron el nuevo requisito implementado por la Agencia Nacional de Discapacidad, mediante la resolución 39/2019.
Según la nueva resolución, el cambio digital es para los que ya perciben una “pensión no contributiva por invalidez laborativa” y para quienes quieran gestionarla por primera vez.
También establece un plazo de 60 días para realizar los estudios correspondientes para la elaboración del nuevo certificado en el centro de salud pública, ante un especialista. En este caso, el médico tendrá que ingresar con su clave fiscal a la plataforma TAD (Trámites a Distancia), allí firmará digitalmente el certificado que será adjuntado de forma automática al expediente del paciente.
El diputado y titular de la Comisión, Alberto Ciampini (FpV-Pj), consideró que la convocatoria era «necesaria por los despidos en el INTI y por las resoluciones sobre discapacidad que han salido este mes». En consecuencia, se comprometió a ”trabajar fuertemente la temática desde la Comisión”.
Eugenio Reatti, exdirector de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), explicó que esta resolución ha generado “grandes dificultades porque no hay capacitaciones en los profesionales y carecen de recursos”. “En los hospitales no hay gasas y pretenden que haya internet”, enfatizó. Además leyó cartas de gente denunciando esta situación y alertó que es “una excusa para dar de bajas más pensiones”.
El médico Edgardo Nopoff, director del Área Programática del hospital Piñeyro, definió el nuevo requisito como un “laberinto sin salida, tanto para la gente como para los profesionales”. “Los pensionados vienen muy preocupados con la carta documento intimidatoria” porque, según explicó, «sino realizan el trámite en 60 días se bajan automáticamente».
Nopoff reconoció que no hay capacitaciones: “El 99% de los médicos no estamos capacitados para hacerlo, no hay insumos, es francamente imposible”.
En la misma línea, Verónica González, coordinadora del Centro de Pensionados “Momentos Compartidos”, denunció que los pensionados que asesora “van a los hospitales y nadie está informado, muchos se mueren esperando la pensión”. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, según contó González, «explican que hay demasiadas pensiones realizadas por la gestión anterior, pero eso no es cierto, pedimos ayuda para el sector más vulnerable de la sociedad”.
María Sánchez, coordinadora de la Organización Positivos de La Matanza, contó que es parte de de las 200 mil personas que recibieron el telegrama y como enferma de VIH “es el único recurso que tenemos”. Asimismo, pidió el reintegro de ese derecho.
Al mismo tiempo, la Comisión analizó el caso de Alfredo Fernández, a quien no se le renovó el contrato como trabajador del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) del área Salud y Discapacidad, con una antigüedad de doce años. Fernández posee una discapacidad motriz y se encargaba del diseño de sillas de ruedas y capacitaciones en escuelas técnicas del país.
El despedido denunció que le “socavaron la posibilidad de trabajar, que no le dieron ningún tipo de explicaciones y que es parte del avasallamiento que implementa el Estado con el INTI”.
El reclamo también fue acompañado por Eugenia Vega Sánchez, secretaria adjunta de ATE Pensiones; Catalina Castillo de Red Bonaerense y Nancy Ballestrin de la organización Gente Buena del Sur, entre otras asociaciones civiles.