Días antes de morir, el fiscal especial en el caso AMIA Alberto Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández, miembros del Ejecutivo y otros dirigentes en función del pacto internacional firmado con Irán para realizar una comisión que avanzara en la causa.
El funcionario había considerado que el memorándum de entendimiento es un «plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado».
El objetivo del acuerdo, según estimó, está relacionado con la política comercial nacional. Desde la Casa Rosada, explicó el fiscal, se buscó afianzar vínculos estratégicos de intercambio, pero ellos no eran viables mientras existiera una investigación profunda del atentado a la mutual judía.
Entonces, Nisman aseveró que CFK «ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán».
A su vez, indicó que el acuerdo «involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan».
Según la presentación del fiscal, se «demuestra que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los exfuncionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Sra. Presidente de acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de ‘petróleo por granos’. Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní».