El jefe de gobierno de la ciudad de Bs. As., Horacio Rodríguez Larreta, junto a la ministra de educación, Soledad Acuña, utilizan una causa justa, como es el derecho de escolarización de los niños, niñas y adolescentes, para sacar rédito político, con gran impunidad, sin importar las consecuencias, con la complicidad del ministro de salud Fernán Quiroz.
La educación pública se encuentra en una condición precaria producto de la política liberal de descentralización que persiste desde la década del ´90. Las escuelas no son empresas de autogestión, en la que un equipo directivo junto a la comunidad educativa puede resolver y definir qué hacer ante una situación de pandemia; el Estado tiene la obligación de cumplir un rol planificador del cual no puede desentenderse bajo ningún concepto.
Según los antecedentes oficiales, una de cada seis personas que se infecta puede desarrollar una afección grave con necesidad de internación. Tanto niños como adolescentes suelen ser
En el mismo sentido, la falsa argumentación en defensa de la educación pública que proclama Larreta, no es más que una estrategia de marketing político para perjudicar al pueblo humilde que, maltratado por desempleo, pobreza y mala alimentación, queda totalmente expuesto al virus. Prueba de este desinterés es que, teniendo un presupuesto per cápita siete veces superior a cualquier municipio de la provincia, al comienzo de la cuarentena, el gobierno de la ciudad repartió viandas miserables a los estudiantes, compuestas por puros hidratos de carbono, que no llegaron a mitigar el hambre de las numerosas familias ni a cubrir el aporte necesario de vitaminas y proteínas para el correcto funcionamiento del sistema inmune.
Asimismo, en Argentina, un país donde la educación pública y gratuita es un derecho constitucional, no podemos ni debemos dejar pasar que, a pesar de la judicialización por falta de vacantes, se dictaminó que se debe presentar un certificado de pobreza para el ingreso a la misma. Lógicamente, si el fallecimiento de un profesional de la salud no incidió en absoluto en las políticas porteñas, menos lo hará el reclamo de una madre de la villa.
La declaración del ministro de Salud de la Ciudad de Bs. As., Fernán Quiroz, justifica el comienzo de clases presenciales el 17 de febrero, con más casos que el año anterior, afirmando que “hay nueva evidencia científica” y que los niños presentan una menor carga viral, mostrándolos como parte de una burbuja aséptica. Sin embargo, según el Informe del Ministerio de Sanidad de España, (Enfermedad por coronavirus, COVID-19 Actualización, 15 de enero 2021) la presencia del SARS-COV 2, aparece en muestras nasofaríngeas, con cargas virales de ARN en el mismo orden que las que se observan en adultos. Además, aunque en menor proporción, los niños y niñas también pueden tener cuadros graves de la enfermedad, como el síndrome inflamatorio sistémico, con algunos síntomas similares al Síndrome de Kawasaki y el shock tóxico. De esta manera, se demuestra la capacidad de los menores de transmitir efectivamente el virus a otras personas.
Ahora, dejando de lado la improvisación y engaños de políticos profesionales, es necesario pensar una planificación futura y responsable para la educación.
Según evidencia científica en base al aporte de Jorge Aliaga, físico del CONICET, aún con el barbijo
Es clave tener el control sobre los ambientes por medio de un sensor de dióxido de carbono, para lograr impedir que el aire no esté utilizado y sea infeccioso. Así, cuando el índice supera las 800 ppm, se puede abrir puertas y ventanas o, si no alcanzara, salir al exterior. Por su baja complejidad de producción, los medidores para abastecer al sistema educativo y garantizar las condiciones sanitarias, podrían hasta fabricarse en las escuelas técnicas argentinas.
No es muy difícil prever resultados desastrosos con las burbujas rotativas, en muchos casos bajo condiciones de desnutrición, hacinamiento, con el acecho constante de enfermedades de base, en familiares, docentes, médicos, enfermeros y otros trabajadores. Lo contrario al amor, es la indiferencia y lo que corresponde al Estado es de todos. Tenemos el derecho y la obligación de impedir maniobras marketineras que impactan sobre la vida de nuestro Pueblo.
