La “guerra de servicios” y la muerte de Nisman
* Por Christian Castillo, diputado bonaerense (FIT)
La “muerte dudosa” del fiscal Alberto Nisman terminó con el reposo veraniego y provocó una crisis política que desnuda la podredumbre del aparato estatal, en particular la relación entre los servicios “de inteligencia” y otros poderes del Estado, como los jueces federales y, obviamente, el Poder Ejecutivo. El oficialismo, que inicialmente había abonado la hipótesis del suicidio, ahora sostiene que lo asesinaron, a partir de las afirmaciones hechas en su cuenta de Facebook por la propia presidenta de la Nación: «El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio».
Nisman se sumaría así a la lista de “suicidados” en los Gobiernos posdictadura: el capitán de navío Horacio Pedro Estrada, imputado en la causa por la venta ilegal de armas, quien era zurdo, pero el disparo con el que murió ingresó por la zona derecha de la nuca; Lourdes di Natale, que cayó en 2003 por el balcón de su casa, en una causa donde las pericias mostraron que solo podía haber caído en la forma que lo hizo empujada por dos personas; o el prefecto Febrés, encontrado muerto por ingestión de cianuro cuando iba a dar su alegato en uno de los juicios por los crímenes de la dictadura, justo cuando prometía dar datos sobre las apropiaciones de bebés.
Más allá de estos casos pestilentes, los servicios de inteligencia constituyen instrumentos fundamentales de los Estados capitalistas para infiltrar y operar de mil formas contra las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo y la izquierda.
En nuestro país no es solo la Secretaría de Inteligencia (SI, ex-SIDE), sino también los organismos respectivos de la Marina (SIN), la Fuerza Aérea (SIFA) y el Ejército (heredero del nefasto Batallón de Inteligencia 601, tristemente célebre por su rol durante la dictadura genocida y el Plan Cóndor), los aparatos de espionaje criminal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las superintendencias de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina y divisiones similares en las Policías provinciales. Los archivos de la hoy disuelta Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), que tiene material desde su creación hasta el año 1998, muestran la persecución de este organismo -que sigue en actividad bajo otra denominación- a la izquierda, al movimiento estudiantil y a las organizaciones gremiales, tanto en Gobiernos militares como en constitucionales. Según las listas entregadas al Archivo de la Memoria, el Batallón 601 tenía cuatro mil trescientos integrantes, la mayoría civiles, entre ellos Gerardo Martínez, uno de los burócratas sindicales preferidos de Cristina.
El espionaje realizado por Gendarmería con el Proyecto X mostró cómo esta actividad de infiltración y espionaje sigue totalmente vigente. Lo mismo ocurrió con la denuncia de la infiltración del oficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina Américo Balbuena en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, siendo parte de los más de mil agentes de dicha fuerza que cumplen esa función. Desde lo que hoy es la SI se han orquestado una y mil conspiraciones contra las luchas de los trabajadores. Basta recordar el papel del fallecido Carlos Soria, cuando a cargo de ese organismo en el Gobierno de Duhalde fue pieza clave en el armado de todo el operativo que se cobró las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Soria había denunciado que los movimientos piqueteros preparaban un “plan insurreccional que ya estaba en marcha y que tenía prevista la toma del poder el 9 de julio” como excusa para montar la acción criminal realizada por las fuerzas represivas y de “inteligencia”.
Por eso para los trabajadores el desprestigio que estas cuevas de conspiradores están teniendo a raíz de su responsabilidad tanto en el encubrimiento (¿y en la ejecución?) del atentado a la AMIA, y ahora con motivo de la muerte de Nisman, es de suma importancia para debilitar su capacidad de acción.
Nuevos datos, mayor confusión
Cada dato nuevo que se conoce agrega confusión y deja con menos asidero la versión inicial de un acto suicida. Primero, la puerta supuestamente cerrada con llave desde adentro no lo estaba, luego esto fue desmentido, y hoy persisten las dudas. Hay un pasadizo con una tercera puerta desde la cual se puede entrar al departamento donde estaba el cuerpo. No se encontró pólvora en la mano de Nisman, que supuestamente habría disparado el arma. Y es confuso todo lo ocurrido entre la entrada inicial de la madre al departamento donde encontró el cuerpo y el anuncio de su muerte posterior.
Pero cualquiera sea la variante de su muerte (suicidio, suicidio inducido o asesinato directo), esta tiene por detrás la llamada “guerra de los servicios”, posiblemente abierta en lo que hace a este caso a partir del cambio de rumbo del Gobierno respecto de la causa AMIA. Durante años, el kirchnerismo siguió con esmero la “pista iraní” sostenida por la CIA, el Mossad y los agentes de la ex-SIDE, con Antonio “Jaime” Stiusso a la cabeza. El nombramiento de Nisman por parte de Néstor Kirchner fue parte del impulso de esta orientación. Luego, ya con Cristina en el Gobierno, el kirchnerismo creyó leer nuevos aires en la política estadounidense hacia Irán y negoció con este país el Memorándum de Entendimiento, supuestamente para lograr que declaren los iraníes acusados por Nisman (que estaban bajo “alerta roja” de Interpol) en el propio territorio de la república islámica. Esto implicó un quiebre con Stiusso, quien se jactaba de tener una oficina en la sede de la CIA en Langley. Una CIA que, recordemos, viene de ser señalada por el propio Congreso estadounidense como responsable de todo tipo de violaciones a los derechos humanos en la “guerra contra el terrorismo”. Paralelamente a la SI, el kirchnerismo fue construyendo una suerte de aparato de inteligencia interno alternativo comandado por el actual jefe del Ejército, César Milani.
Otro quiebre con el aparato de inteligencia ocurrió cuando se confirmó la ruptura con el Gobierno por parte de Sergio Massa y su candidatura para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2013, algo que los agentes de la SI habían señalado que no ocurriría. Quienes siguen de cerca lo que ocurre en este verdadero submundo señalan como otro hecho significativo el acribillamiento de un ladero de Stiusso, el “Lauchón” Viale, por parte de efectivos del grupo Halcón de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante un supuesto operativo antidrogas en su vivienda, lo que fue un fusilamiento directo, según distintos observadores. Finalmente, Stiusso fue separado de la SI junto con el cambio de su jefatura a finales de 2014, aparentemente por haber fallado en el control de los jueces federales. La Secretaría pasó a manos de quien fue secretario general de la presidencia desde 2003, Oscar Parrilli.
Resulta verosímil que Nisman haya quedado enredado en esta guerra de camarillas por el control de la inteligencia interna, con el aditamento de la gran influencia sobre la misma de servicios extranjeros como la CIA y el Mossad. No es tampoco descabellado pensar que el llamativo apuro de Nisman por presentar su informe (vuelta de improviso de viaje de festejo de quince años con su hija en Europa, presentación en plena feria judicial de graves acusaciones, que implicaban nada menos que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman) estuvo movido por el intento de aprovechar el impacto de los brutales ataques terroristas en París contra los periodistas de Charlie Hebdo y quienes estaban de compras en un supermercado de comida judía. Lo cierto es que, hecho público el informe de casi trescientas páginas que Nisman iba a presentar al Congreso, está lejos de ser lo “explosivo” que el fiscal había anticipado en el raid mediático previo a su muerte. Es un texto con transcripciones de escuchas telefónicas que en general dan cuenta de posiciones ya conocidas públicamente (como las simpatías con Irán de Luis D’Elía o su relación con el dirigente de la comunidad islámica Jorge “Yussuf” Khalil) y que difícilmente podrían convertirse en pruebas judiciales del supuesto encubrimiento denunciado por el fiscal, sobre todo tras la negativa que hizo el secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, a las aseveraciones de Nisman respecto del levantamiento de la “alerta roja” para los iraníes que habría buscado el Gobierno. Lo cierto es que desde un inicio ninguno de los móviles esgrimidos para su posible suicidio o asesinato resulta del todo convincente, ni las versiones iniciales de que se suicidó por el “bullying” al que lo sometió el Gobierno, como sostuvo parte de la oposición, o que lo hizo producto de una crisis generada por la falta de solidez en su acusación, como plantearon desde el oficialismo. Ni las más actuales de que se trató de “agentes de inteligencia extranjeros”, como dejan trascender algunos periodistas, o la “mano de obra desocupada” local, como deja trascender la nueva versión oficial. Si el “¿por qué se mató?” original no tenía respuestas convincentes, el “¿por qué lo mataron?” que se está imponiendo hoy como interrogante tampoco tiene por el momento respuestas convincentes. A esta altura de los hechos conocidos, lo que ocurrió sigue siendo más motivo de dudas que de certezas.
Quien siembra vientos, cosecha tempestades
En el oficialismo el hecho provocó un fuerte desconcierto inicial, ya que desde sus filas se había fustigado duramente a Nisman en los días previos. A esto hay que agregar la insólita actuación de Sergio Berni esa misma madrugada, presente en la casa del fiscal sin que lo llamara la fiscal y sosteniendo que “todo indica que se trató de un suicidio” cuando la investigación ni había comenzado. También el Gobierno ha sido golpeado por la repercusión internacional negativa en la prensa imperialista, que llevó a The New York Times a plantear que un equipo de “juristas internacionales” debía investigar la causa AMIA y al Washington Times a reclamar que Estados Unidos y Europa sancionen al país por la “dudosa muerte”. El intento del Gobierno de reacomodarse a partir de las cartas de la Presidenta publicadas en la red social Facebook (especialmente la última, donde descarta el suicidio) tiene sin embargo múltiples contradicciones, empezando porque fue el propio kirchnerismo el que abonó por una década la “pista iraní” en consonancia con los Gobiernos de Estados Unidos e Israel (y con sus servicios de inteligencia) y que se valió durante doce años de los servicios del ahora “enemigo” Jaime Stiusso: el que siembra vientos, cosecha tempestades. Este Gobierno hizo uso y abuso de un aparato de inteligencia putrefacto que viene desde la dictadura y que ahora busca reemplazar parcialmente por uno no muy distinto, controlado por otro represor de la dictadura como Milani. El Gobierno ha sido golpeado además en un punto muy sensible para todo poder ejecutivo, y más uno sin posibilidad de reelección: la falta de control y autoridad, en este caso sobre los servicios y exservicios de “inteligencia”. Por ende, se debilita más de lo que ya estaba el poder de arbitraje de la Presidenta. El régimen de conjunto se ha desprestigiado, tanto en lo que hace al papel de los servicios de inteligencia como al poder judicial y el poder político, como atestiguan las encuestas donde un 70 % de la población opina que la muerte de Nisman quedará impune.
Mientras la oposición patronal quiere transformar a Nisman en “héroe nacional”, y en la causa AMIA busca reafirmar la “pista iraní” para sostener una mayor subordinación a Estados Unidos y al Estado de Israel; y mientras el Gobierno hace malabares para capear esta crisis buscando desligarse de sus responsabilidades, solo desde el PTS y el Frente de Izquierda hemos planteado las medidas necesarias para quebrar el encubrimiento estatal que acompañó la causa AMIA desde sus inicios. Apertura inmediata e integral de los archivos de la Secretaría de Inteligencia. Conformación de una comisión investigadora independiente con plenos poderes para encontrar la verdad del brutal atentado. Derogación de la nefasta “ley antiterrorista”. Abajo el “Proyecto X”. Los trabajadores y los sectores populares que quieren terminar con el espionaje y estas mafias al servicio de los capitalistas, sus Gobiernos y sus partidos, que utilizan los recursos del Estado para ajustes de cuentas o maniobras en función de los intereses de cada camarilla, tienen que inscribir la disolución de los servicios de inteligencia como parte del programa de lucha contra este Estado de los capitalistas, por un gobierno de los trabajadores.