El presidente Alberto Fernández anunció que pagará los fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires con títulos públicos, pese a que había expresado, previamente, que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, la oposición se mostró dividida sobre la resolución finalmente tomada por el mandatario.
Dirigentes de la oposición consideraron una victoria que el Gobierno nacional retrocediera en su postura inicial y aseguraron que levantarán la denuncia por sedición. Pero, asimismo, confirmaron que el pedido de juicio político contra Alberto Fernández seguirá adelante.
Al respecto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, remarcó “la derrota política que tuvo el kirchnerismo desde el momento en el que sale el fallo hasta ahora por tener que desdecirse de todo lo que habían dicho. Se dieron cuenta de que no tenían ningún apoyo social y la oposición actúo rápido. Entiendo que la aceptación del Gobierno es el triunfo de la República sobre la autocracia”. Más temprano, había escrito en sus redes sociales que “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina”. Y dijo que suspenderán la presentación de la denuncia por sedición “mientras se mantengan dentro del Estado constitucional” porque esperarán la respuesta de la Corte Suprema en relación al accionar del Gobierno.
En tanto, desde la Coalición Cívica indicaron que no van a retirar la denuncia: “El delito de alzamiento está configurado porque ellos pusieron excusas legales para no cumplir el fallo. La denuncia por delito de orden público no se puede retirar y no corresponde porque esas acciones hay que investigarlas penalmente. Después de que la Corte comunicara el fallo, el Presidente se juntó con los gobernadores para encontrar con artilugios como esa ‘reposición in extremis’ para no cumplir la medida cautelar”.
Por su parte, luego de que el presidente comunicara a través de las redes sociales el pago de los fondos, el Gobierno porteño se expresó en contra y rechazó la decisión. La diputada María Eugenia Vidal escribió en su cuenta de Twitter que “pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos. Deje de hacer trampa”. En tanto, el senador de la UCR, Alfredo Cornejo, fue más crítico: “Para CABA, bonos. A Kicillof ‘cash’. Para CABA modificar innecesariamente la Ley. Para Kicillof, manejo discrecional del Presupuesto. Alberto Fernández responde con el lápiz de Cristina Kirchner, jamás pudo dejar de responder sus órdenes”.
El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, también cuestionó la entrega de títulos públicos como pago de los fondos: “El bono TX31 con el que Alberto Fernández quiere pagarle a CABA es un pagadios que no cotiza en el mercado y no se negocia. A los amigos como Kicillof, Plan Platita: dinero contante y sonante. A los opositores, papeles de deuda a 9 años. Casi casi un Plan Bonex”.
Por último, el diputado libertario José Luis Espert presentó un proyecto “que promueve el Juicio Político contra el Presidente de la Nación por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones. El accionar del Alberto Fernández en el ejercicio de la Presidencia de la Nación con su desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia ataca al sistema republicano instaurado por la Constitución. Lo que en definitiva está haciendo es usar el propio poder del Estado para atentar contra el sistema republicano, pues se vale de su posición de poder aliado con un grupo de gobernadores afines a su gobierno para desafiar el poder de la Corte Suprema de Justicia”.