La política de la arbitrariedad no va más en la Argentina . Por Carla Carrizo
Conflictos territoriales y comunidades indígenas: el mensaje del gobierno no puede ser siempre elegir la ilegalidad
A fines de enero e inicios de febrero de este año, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) publicó diversas resoluciones que reconocieron la posesión de alrededor de 25 mil hectáreas -una superficie mayor a todo el territorio de CABA- a diversas comunidades mapuches en la provincia de Mendoza. Ello motivó el rechazo de autoridades provinciales por haberse realizado de manera unilateral e inconsulta, en incumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.160. Ocurre que Mendoza no es una excepción, es más bien la regla. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
Una primera y necesaria aclaración. No hay discusión acerca de que las comunidades indígenas de nuestro país tienen el derecho constitucional de acceder a las tierras que tradicionalmente ocupan (art. 75 inciso 17). Precisamente, ello constituye una de las principales tareas asignadas al INAI, creado en 1985 mediante la ley 23.302; lo mismo ocurre con la ley 26.160, sancionada en 2006, que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, estableció la suspensión de desalojos de las tierras que ocupan y ordenó realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de dichas comunidades. El problema es que, una y otra vez, el Estado nacional ya sea por acción u omisión incumple con dicho mandato constitucional y provoca un escenario de incertidumbre y conflicto del que resultan perjudicadas no sólo las comunidades indígenas sino la sociedad argentina en su conjunto.
Repasemos solo algunos de ellos. Aquella ley de 2006 establecía que el relevamiento de las comunidades y sus tierras debía realizarse en 3 años. Sin embargo, la norma debió ser prorrogada cuatro veces en 2009, 2013, 2017 y 2021 ante la falta de avance en su cumplimiento. Según datos oficiales del INAI, se declaran 1825 comunidades indígenas con personería jurídica registrada de las cuales 858 se encuentran con relevamiento culminado, es decir, más del 50% de las comunidades no tienen su relevamiento finalizado. Nos encontramos así frente a una norma de excepción y transitoria que devino en permanente y lleva casi 17 años de vigencia, un clásico en Argentina.
La conflictividad territorial tampoco disminuyó. Por el contrario, aumentaron un 74% en el período 2015-2020 y desde Amnistía Internacional se estiman al menos 300 conflictos presentes en Argentina los cuales en su mayoría tienen su epicentro en el sur de nuestro país, pero también al menos otras 11 provincias cuentan con gran presencia indígena y reclamos territoriales y ambientales.
Por otro lado, la última prórroga de la ley ocurrida en noviembre de 2021 fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia que no solo constituyó un grave avance sobre las atribuciones del Congreso Nacional -precisamente en ese momento el Senado ya le había dado media sanción a la prórroga- sino también dispuso obligaciones que el propio gobierno ya incumplió. En efecto, además de extender su vigencia hasta el 23 de noviembre de 2025 y asignar un presupuesto extra -no basado en ningún tipo de informe o proyección- de más de 1.000 millones para realizar los relevamientos, también se dispuso que estos últimos deben contar con la intervención del Estado provincial y Municipios implicados y se impuso la obligación al INAI de informar al Congreso hasta el 30 de noviembre de cada año su grado de avance. Así como las autoridades provinciales de Mendoza ya acudieron a la justicia por no haber sido consultados en el relevamiento que mencionamos al inicio, en el Congreso seguimos esperando que su titular se presente a rendir cuentas. El gobierno incumple la ley que él mismo dictó.
Pero nada de esto es novedoso. La Auditoría General de la Nación realizó 9 informes sobre el INAI detectando irregularidades en su desempeño y formulando recomendaciones. El último de ellos -Informe 100/ 2017- auditó el periodo 2010-2015 donde constató problemas de coordinación con las provincias, escasa presencia institucional en dichas jurisdicciones, problemas de acceso a la información catastral y dominio, conflictividad institucional con las comunidades, dispersión política de las organizaciones indígenas, problemas en tramitación de expedientes, entre otros.
En definitiva, necesitamos urgente recuperar capacidad de gestión nacional en todas las provincias y terminar con la práctica de la «ilegalidad» liderada, paradójicamente, por organismos estatales en Argentina como ocurre con el INAI. La política de la arbitrariedad no va más en la Argentina.
Carla Carrizo
Diputada de la Nación (CABA)
Evolución Radical Período: 10/12/2021 – 09/12/2025