Como pocas veces sucede, la Discapacidad y sus problemáticas, han tomado una relevancia en la Agenda Política de la Argentina como pocas veces antes. Si bien esto surge por dos cuestiones diferentes, lo cierto es que, en el fondo terminan, amalgamando destinos. Resulta interesante que el temario aparezca en “la mesa de discusión” de los políticos y pueda ser el puntapié inicial para comenzar a desarrollar los mecanismos para dar solución definitica a varios ápices que aún no la tienen.
Por un lado entra en escena el reclamo sobre situaciones específicas vinculadas a pagos por prestaciones brindadas por obras sociales y prepagas, que se vio visibilizado en el acampe que profesionales y familiares realizan, desde hace días, en Plaza de Mayo.
A su vez, desde la Comisión de Discapacidad de Diputados, viene trabajando en el debate que pretende, entre otros puntos, llevar al recinto un Proyecto que prevé la creación de una nueva y moderna Ley de Discapacidad.
En NCN abordamos diferentes ángulos para poder reseñar con detalle las diferentes situaciones que abarca la temática.
Nueva Ley de Discapacidad
En este aspecto dialogamos de forma exclusiva con el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo quien adelantó los trabajos que se vienen ejecutando y dejó detalles de la visita, hace semanas, del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga.
En este sentido, Di Giacomo, explicó que para llevar adelante el proceso de una nueva Ley, se debe tener en cuenta una mirada que “tiene múltiples aristas: en primer lugar el considerar los cambios que se van dando en las consideraciones de que es y cómo evoluciona una discapacidad”.
En este sentido explica que años atrás “prevalecían conceptos que quedaban fijos. Una persona tenía una discapacidad y ese problema era su rotulo. Actualmente sabemos que esa misma persona con una serie de posibilidades, de estímulo, de educación, de ayuda familiar, puede transformarse en un especialista o desarrollar una vida como cualquier otro. Así entonces, una persona ciega por ejemplo, puede quedarse adentro de su casa incapacitado socialmente o, en la medida que le demos accesibilidad, puede desarrollar una vida mejor”.
Entonces “pasamos de una conceptualización a ver la discapacidad como algo dinámico, pasamos de una consideración biológica del tema a considerar que es una cuestión socio dinámica para comprender a las persona que padecen una discapacidad”.
“Otra instancia– continua el Diputado- que debemos mirar surge cuando esa discapacidad implica una desventaja económicamente en el núcleo familiar. Entonces debemos tener consideraciones específicas, así es que las sociedades organizadas determinan que solidariamente a esa familia hay que darle determinados tipos de asistencia especiales y aparecen entonces los derechos que compensan esa situación en desventaja, como puede ser el derecho a los tratamientos cubiertos en un 100%, como la obligatoriedad de otorgar accesibilidad física o tecnológica o como poder darle los viajes gratuitos en transporte para facilitarle el acceso a sus tratamientos y necesidades de traslado para su vida social o educativa”.
“Esta cuestión entonces es donde aparece el Estado para asistir a las personas y familias afectadas” sentencia.
En consecuencia, Di Giacomo, explica que este proceso de mirar determinados matices y consideraciones respecto a la temática “nos permite el camino para formular Leyes, hoy contamos con una con muchos años de antigüedad, hay todo un proceso de consulta para tener una más moderna, entre las cuales aparece la visita de Galarraca, quien adelantó que en pocas semanas tendremos este Proyecto para analizarlo y ver si vamos en camino al debate que nos daría una nueva Ley de Discapacidad”.
La renovación de CUD
Desde hace ya un tiempo, diferentes organizaciones, vienen reclamando para que, en el marco de la discusión de una nueva Ley de Discapacidad, se elimine el actual requisito de renovar cada tres años el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando se trate de personas con discapacidades permanentes.
Entre sus argumentos sostienen que “la renovación cada tres años del 
El CUD, válido en todo el país, les permite a las personas con discapacidades acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, como la cobertura del 100% de medicamentos, equipamiento y tratamientos, la percepción de asignaciones familiares y el uso gratuito del transporte público.
Di Giacomo coincide con este concepto y se explaya: “Lo que buscamos es aprovechar que en el mundo digital, el Estado ya cuenta con estos datos de cada una de las personas que lo han tramitado, y de esta manera cruzar datos y que el individuo deje de peregrinar buscando papeles y certificados para cada vez que tiene que obtener algún tipo en cuanto a su atención o certificación de su problema”.
Informa además que “se están discutiendo varios proyectos para lo no renovación en el caso de determinados tipos de problemáticas en los Certificados de Discapacidad. El Estado debe tener el control sobre estos Certificados, pero lo que no puede hacer es someter a suplicios a quienes deban obtenerlo”.
“Hoy el Estado cuenta con los mecanismos informáticos donde están todos los datos. Hoy podemos hacer una transacción desde un celular, entonces no me pueden venir a pedir una pila de papales para renovar el CUD, cuando (por caso) el Síndrome de Down lo demostré la primera vez que lo tramite. Eso no tengo que demostrarlo más. El Estado tiene la obligación de tenerlo registrado”.
“Ahora bien me podran pedir que actualice un estado de actualización, pero nunca hacer esos trámites, para mucha gente que, por caso, viene no ya en el interior, sino en el interior del interior, le resulta imposible realizarlos o le cuesta dinero. Hoy no es fácil es ir a un lugar y que te hagan toda una certificación. Por tanto creo que, sin dudas, esto es un deber simplificarlo” determina.
La Federalización de la Discapacidad
Sin dudas la meta de que Argentina sea un país más federal y deje el geocentrismo político social que implica el AMBA, es una meta que todavía esta inconclusa. No solo en el ámbito económico sino encada una de las áreas de la sociedad. La Discapacidad no escapa a esta lógica y el Diputado reflexiona sobre el asunto.
“Yo creo que tenemos que ir evolucionado hacia una mirada Federal, ver las opiniones y realidades de cada una de la provincias, porque cada una de ellas tiene su propia legislación, en algunos casos más avanzados que otros”.
“Debemos trabajar en poder respetar las autonomías, creo que debemos tener una mirada que contemple la accesibilidad y que esta sea pareja para todos. Históricamente esto no es así, no es lo mismo para quien vive en el AMBA que para quien lo hace en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y mucho menos para quien vive en el interior o en un paraje del Norte del País. Esta desigualdades dada por el extenso territorio que tenemos o las diferencias economías, deben ser contempladas por el Estado que deberá armonizar y organizar, para que estas inequidades se morigeren o desaparezcan si es posible” afirma DI Giacomo.
Las Estadísticas
Luego de la controversia suscitada en el Censo 2022 donde diferentes organizaciones que nuclean a personas con discapacidad presentaron quejas respecto la manera en la que se buscó obtener información sobre este punto, desde la Comisión se trabaja en ello.
Puntualmente, referían a la pregunta 9 del formulario, donde consulta por la dificultad de las personas para caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, comunicarse, oír, ver y, por último comer, bañarse o vestirse solo. Además de resaltar que nunca se mencionaba la palabra “discapacidad”.
Di Giacomo adelantó que “el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) avanza con la promesa de realizar un nuevo Estudio sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad en la Argentina, que se está planificando junto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.
“Es importante contar con los elementos estadísticos que nos permitan ver la magnitud, las características y las diferencias del tema. A partir de ahí poder evaluarlo, sin los números estamos en el aire” aclara.
En este sentido, opinó que el “Censo estuvo muy flojo en ese tema, con preguntas muy genéricas”.
“Tengo la impresión que por no querer “discriminar” se preguntó muy superficialmente por tanto no contamos con datos valiosos en ese aspecto” refiere y agrega que acá entonces radica “la importancia de esta nueva encuesta que se realizará en poco tiempo, en la que ya están trabajando y organizando, será de una utilidad enorme”.
El Diputado sostuvo que desde la Comisión se pidió que el INDEC envíe previamente el contenido de esa encuesta para que, antes de que salga, «puedan revisarse y hacerlos aportes correspondientes de ser necesario, para que no contenga fallas”.
Di Giacomo remarca la necesidad de un completo relevamiento puesto que “estamos considerando que estadísticamente existen, actualemte, unas 5 millones de personas en Argentina afectadas por discapacidad y lo contrastamos con el millón y medio que tiene el CUD, entonces estamos hablando de un gran porcentaje a la que eventualmente no le están llegando estos beneficios”.
Sobre el cierre de la charla, Di Giacomo, explica que además de la presencia del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, desde la Comisión siguen trabajando con expositores expertos en la temática para poder llevar adelante el mejor Proyecto de Ley.
En este sentido, el funcionario, sostiene que “es muy importante la visión y la opinión que puedan aportar las diferentes organizaciones sociales existentes, quienes trabajan organizadamente para poder garantizar los derechos, asistir a las personas, facilitar las distintas cuestiones”.
“Porque las políticas de estado en este sentido no solo pueden provenir de una vertiente ideológica de quien coyunturalmente gobierna, sino de un acuerdo, de un consenso, con este tipo de Organizaciones” culmina.
El Reclamo en Plaza de Mayo
Otra de las aristas que puso en el tapete de la discusión las problemáticas de la Discapacidad, decíamos líneas antes, se vio reflejada en el reclamo que llevan desde el área, en Plaza de Mayo. Acampan allí prestadores y profesionales que trabajan con personas con discapacidad ante la falta de pago de facturas que datan de principios de año.
En este aspecto, el Gobierno nacional ratificó la semana pasada que «no hay ningún recorte presupuestario» en el área que atiende a personas con discapacidad y precisó que «hubo un retraso de pocos días en las partidas» presupuestarias designadas para ese sector, pero que actualmente «el tema se encuentra solucionado».
Asimismo, subrayó que no existen recortes presupuestarios en la administración nacional que afecten la atención de personas con discapacidad, ni tampoco en Educación o en Salud.
COMUNICADO
Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas.
— Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) August 30, 2022
A su vez, el Ministerio de Economía ha informado «que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan» a las prestaciones mencionadas.
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, dijo que «el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional».
«Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días», indicó oportunamente Galarraga en un comunicado.
«El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados», amplió el funcionario.
Pese a la versión oficial, los afectados sostienen que «las obras sociales están dejando de lado a los niños con discapacidad y no le están pagando a los terapeutas de ningún centro desde mayo».
Creación de una Mesa de Trabajo
Atentos a este reclamo finalmente, tanto la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) constituyeron, ayer miércoles 6/9, una mesa de trabajo con el fin de abordar y resolver la situación planteada.
Ambos organismos consignaron también que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las obras sociales nacionales «se encuentran regularizadas» y que el programa Incluir Salud «realiza sus pagos con regularidad».
La Andis y SSSalud informaron además que invitaron «a los prestadores independientes -acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos y maestros de apoyo, entre otros- a formar parte de la próxima reunión del Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad con el propósito de abordar situaciones específicas de este sector».
En el comunicado detallan que «se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional».
«La discapacidad en su conjunto -añadieron- es una prioridad del Gobierno nacional. Prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones. Esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios, hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde 2019», consignó la información.
Para NCN por Juan José Postararo