La reforma al sistema judicial “pretende poder ilimitado para quienes ostentan las mayorías electorales”

La diputada nacional del GEN, Magarita Stolbizer, detalló sus fundamentos por los que se opone a la reforma del Poder Judicial que esta mañana logró convertir en ley dos de las seis iniciativas.

Stolbizer señaló que el objetivo de la reforma no es mayor amplitud o democracia, sino “colonizar la justicia, controlar jueces, funcionarios y empleados, para someterlos y hacerlos funcionales a las necesidades del Gobierno, y a la garantía de impunidad que necesitan muchos de ellos, investigados por escándalos de corrupción”.

Otro de los puntos que destacó, a modo negativo, es que el paquete de reformas a su entender “no resuelve los problemas reales que tiene el funcionamiento de la justicia”. Manifestó que se debía solucionar la “inaccesibilidad, lentitud, ineficacia, falta de credibilidad y transparencia”.

Asimismo la líder del GEN indicó que es “inconstitucional” debido a que “implica una ingerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial, violando la división e independencia de los poderes, y el sistema de control intrapoderes, orientada por una concepción autoritaria, que pretende poder ilimitado para quienes ostentan las mayorías electorales”.

Los motivos que señaló fueron la “falta legitimidad” puesto que que «no hubo consenso social». Y explicitó que fue “rechazada por toda la comunidad jurídica académica, organizaciones de abogados y jueces, sindicatos y diversas ONGs”. También destacó la celeridad con la que se trataron en el palacio, no sólo en su Cámara, las propuestas que elevó la presidenta Cristina Fernandez.

Respecto a la reforma al Consejo de la Magistratura subrayo que “viola la Constitución porque rompe el equilibrio entre las representaciones por voto popular y las de los estamentos de jueces y abogados, y conduce a una politización y partidización de la Justicia”. Agregó que de ese modo se “afecta seriamente su independencia”.

La referente del Frente Amplio Progresista señaló que las medidas cautelares son el amparo de los derechos individuales y sociales, y que el marco regulatorio que se convirtió en ley esta mañana “debilita la posición de los particulares cuando litigan contra el Estado”.

La legisladora remarcó, como lo hizo en su discurso frente al cuerpo de Diputados, que las tres cámarás de casación generarán más “burocratización innecesaria y la lentificación de la Justicia”, y que eso se aplicará en “desmedro de los reclamos sociales”. También manifestó que en esos nuevos tribunales se formulan “con la intención de designar en ellos jueces adictos que alejen la instancia de la Corte”.

Asimismo se refirió a los proyectos que la Cámara baja sancionó la semana pasada y giró al Senado. Respecto a la iniciativa que se denominó como ‘acceso igualitario al Poder Judicial’ indicó que “es tramposa, agrava la discrecionalidad con la amplitud a 20 postulantes en las listas para opción y desnaturaliza el sistema de concursos y méritos”.

En sintonía, explicó que “el nuevo sistema de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios disminuye los requisitos que se exigen en la actualidad, hace menos claras las obligaciones de los funcionarios y elimina la Comisión de Ética Pública sin reemplazarla por otro organismo de control, ni regula los conflictos de interés”.

Finalmente, detalló que «carece el Poder Ejecutivo de autoridad para ordenar a la Justicia la publicidad de sus resoluciones, ignorando lo que efectivamente ya se hace, habiéndose impedido en todos estos años que Argentina tenga una ley de acceso a la información pública y no teniendo en la administración ninguna política de transparencia de gestión”.