La Secretaria de DDHH solicitó a JxC acompañar el proyecto de ley integral contra la violencia institucional
La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, le pidió este miércoles a la oposición que «dé la discusión y acompañe» el proyecto de ley integral contra la violencia institucional al considerar que esa iniciativa es de «suma importancia» e instó a los legisladores a que habiliten su tratamiento en las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional.
Acorde a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pedimos desde la @SDHArgentina el acompañamiento de los legisladores de la oposición para que sea tratado en sesiones extraordinarias el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional. pic.twitter.com/TTrzetEANy
— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) February 1, 2023
«Muchos diputados y diputadas de la oposición se muestran constantemente preocupados por los casos de violencia institucional. Ahora les pedimos que den la discusión y acompañen este proyecto de ley porque la violencia institucional es un problema transversal a todas las fuerzas políticas y tenemos que resolverlo», exhortó Pietragalla Corti según un comunicado oficial.
De esta forma, el funcionario se pronunció sobre la decisión que tomó la mesa nacional de Juntos por el Cambio de no dar quórum ni tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema.
Desde la secretaría aseguraron que se trata de un proyecto de «suma importancia» ya que «crea varias herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país».
Además, destacaron que la iniciativa avanza en dirección a las recomendaciones recibidas por la Argentina de parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
El proyecto que crea varias herramientas para combatir la problemática y poder unificar políticas en todas las provincias del país. Dispone la creación de centros de denuncias provinciales; garantiza el acceso a la justicia; fija pautas procesales para investigar los hechos; crea un registro nacional y un observatorio con participación de las víctimas; otorga asistencia y reparación económica a las víctimas. Asimismo, establece un programa de formación para las fuerzas de seguridad, protocolos mínimos de actuación en el uso de armas de fuego y en manifestaciones públicas, políticas de control ciudadano, entre otras cuestiones.