La situación de las cárceles en Argentina llega a Diputados: qué proponen

Funcionarios del Comité de Prevención de Tortura y del Ministerio Público de la Defensa consideraron en la Cámara de Diputados que es necesario analizar proyectos para mejorar las condiciones en las cárceles y evitar la superpoblación y hacinamiento en esos lugares de detención.

La situación de las cárceles y las recomendaciones para prevenir los abusos allí fueron analizados en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos que conducen los diputados del Frente de Todos Carolina Gaillard y Hugo Yasky.

• En la reunión expusieron el presidente del Comité de Prevención de Tortura, Juan Manuel Irrazábal; los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós, y la Defensora General de la Nación (DGN), Stella Maris Martínez.

En ese sentido, Gaillard señaló que «fue un encuentro muy positivo», en el que pudieron «escuchar a los miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre las distintas acciones y políticas para la prevención de la tortura en contextos de encierro que vienen llevando adelante junto a distintos órganos del Poder Ejecutivo»

«La composición de este organismo nace de la Ley 26.827 y es un avance, logrado desde el consenso político, en materia de derechos humanos», agregó.

Por su parte, Yasky afirmó: «Tenemos muchas expectativas en la creación de una ley para tratar de resolver el gravísimo problema de la violencia institucional, y entiendo que los aportes de hoy nos van a servir mucho a los que somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos».

«Más allá de monitorear las cárceles y dar nuestras recomendaciones, nuestra tarea central es prevenir la tortura en los lugares de encierro», señaló, por su parte, Irrazábal, consideró que es importante avanzar en «una ley de cupos» para las cárceles para «evitar el hacinamiento y la superpoblación».

El tema de la ley de cupos fue planteado al principio de la reunión por la vicepresidenta de la comisión, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), quien señaló que «es indispensable definir y establecer las condiciones de habitabilidad adecuadas para que el estado no incurra en un trato cruel e inhumano».

Además, Irrazábal dijo que se busca «seguir trabajando con el Congreso Nacional» para que «funcione el sistema, porque el sistema en democracia se perfecciona con leyes que se cumplan en función de los intereses sociales».

Una de las comisionadas del Comité para la Prevención de la Tortura, la exdiputada Diana Conti, señaló que en la pandemia hicieron «20 recomendaciones como debía hacerse el manejo en las cárceles en la pandemia para reducir la población de encierro».

«La prisión preventiva que se extiende por plazos más largo del tiempo razonable genera también hacinamiento», sostuvo Conti, quien también señaló que se hicieron «recomendaciones a las Fuerzas Policiales en la pandemia» porque detectaron «abusos policiales», y pidieron «la instalación de videocámaras en lugares de detención».

También dijo que se impulsó una «campaña de vacunación en las cárceles» y lamentó la «la campaña adversa mediática porque hay muchos periodistas de alto rating que dicen que los presos no deben ser vacunados».

Por su parte, el comisionado Palmieri señaló que una de las cuestiones se ven «de manera generalizada tiene que ver con el hacinamiento y la sobrepoblación, que es diferente en cada una de las jurisdicciones y unidades».

A su turno, Garrigós llamó a que se piense «alguna nueva modalidad para las penas cortas de prisión que son simples castigos, no sirven para ofrecer ninguna herramienta y además entorpecen la vida del resto de las personas privadas de la libertad».

Manifestó su oposición a los proyectos que buscan impedir que haya salidas transitarias al afirmar que «si eliminamos la modificación de la pena por trabajo comunitario, estamos eliminando todos los incentivos para que la personas quieran progresar en el régimen progresivo de la ley de ejecución penal».

A su vez, Stella Maris Martínez afirmó que la ley de ejecución privativa de la libertad «merece un estudio muy profundo. Además la gente para entrar a la cárcel a cumplir su condena, tiene que salir, si no admitimos esto y seguimos enviando gente, no hay ningún sistema penitenciario que soporte».

Por último, el defensor público y cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, Guillermo Todarello, sostuvo que «la pandemia agravó todo problema referido a la deficiencia en la generación y el tratamiento de salud, la falta de trabajo y educación, las malas condiciones carcelarias y lo que se vincula con el aumento de la violencia institucional».