La Cámara de Diputados logró la aprobación y giró al Senado el proyecto de ley del diputado Ramiro Gutiérrez, que impone al Poder Legislativo la obligación de organizar la Policía Judicial, con una norma idónea, eficaz y de implementación programática; quedando así derogada la Ley N° 14.424 que había sido promulgada en el año 2013.
Esta nueva iniciativa dará herramientas para fortalecer el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires con el propósito de mejorar las prestaciones de la Justicia, por tal motivo se contará con nueva agencia investigativa y técnico-científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte que permitirá la concreción de la labor investigativa en aquellos delitos de mayor impacto y transcendencia social.
Ramiro Gutiérrez aseguró que «la nueva es un adelanto muy importante y el Poder judicial va a poder tener sus propios investigadores y ahora la Justicia no va a depender de la Policía de la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Va a formar su personal en dos líneas: un investigador, que es de confianza del agente fiscal, que va a poder esclarecer si se trató de un robo, de un homicidio, de una violación juntando esa evidencia en el lugar del hecho y por otro lado la rama técnica pericial: nuevos peritos entrenados en preservar la escena del crimen que también trabajando para el fiscal”.
Además el diputado del Frente Renovador aseguró que “esta ley fue trabajada con los equipos de la Procuración, es decir, que tiene trabajo en conjunto con los organismos que la van a aplicar y a los cuales empodera, el Procurador de la provincia de Buenos Aires y todos los equipos jurídicos, trabajaron para mejorar esta ley”.
Entre varios puntos se destacan la optimización de los recursos para dar respuestas concretas a las necesidades de cada uno de los Departamentos que componen nuestro Poder Judicial. La figura del detective en función judicial tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa conforme las directivas que le imparta el Agente Fiscal. Además, habrá un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.
Por último se contará con un régimen de escalafón, administrativo y disciplinario enmarcados en la capacidad y el mérito en el ejercicio de la función.