Luego de más de ocho horas de intervenciones de la sociedad civil, la sexta jornada de debate en comisiones en la Cámara de Diputados por la ley ómnibus finalizó en el Congreso. En ese contexto, el oficialismo apura acuerdos y consensos con aliados para estampar el dictamen favorable antes del fin de semana, para llevar el megaproyecto al recinto la semana próxima.
Este miércoles, el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, trataron los artículos del proyecto vinculados a cuestiones referidas a seguridad, educación, salud y modificación del Código Civil, entre otras.
El despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mantuvo activo en busca de los acuerdos y consensos necesarios que necesita La Libertad Avanza (LLA) para sumar votos de espacios aliados y así lograr el dictamen favorable a contrarreloj. Para el Gobierno es imperioso conseguir la aprobación en comisiones para que el megaproyecto se trate en el recinto la semana próxima.
Entre las intervenciones de este miércoles el plenario de la comisión de la Cámara de Diputados, Pablo Ginestet, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), comentó que apoyan la mayoría de las reformas «porque son necesarias para salir del estancamiento de hace más de una década», pero rechazó el incremento de retenciones: «Son el peor impuesto. Nos vemos decepcionados porque después de varios años se sigue insistiendo que ya están probadas y fracasaron».
Representantes de la cultura volvieron a ser partícipes de la jornada de debate, como el titular de la Cámara Argentina del Libro, Juan Manuel Pampin, quien señaló que la desregulación del precio mínimo provocará que “aquellos vendedores que cuentan con mayor capacidad de compra pueden reducir el precio de venta asfixiando a los pequeños competidores, reduciendo sus ventas y concluyendo en una escasa rentabilidad. Esto solo favorece al esquema de concentración”. «Se va a impedir lo que con mucho esfuerzo hemos logrado la gente de cine, que es participar en uno de los mercados más competitivos y que crece exponencialmente”, agregó la consagrada directora de cine Lucrecia Martel.
Por su parte, Matías Delgado, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, remarcó que la compañía es «es viable y rentable para este país» y que «nuestro espacio de trabajo está ubicado a 30 kilómetros de Chile, es una zona fronteriza, y por eso nosotros hacemos patria y defendemos soberanía”. “No somos casta, somos la solución al problema energético”, agregó.
En el plano judicial, el abogado Leandro Halperin defendió el juicio por jurados: «Es el pueblo el que debe resolver los conflictos, es un acierto el proyecto del gobierno. […] Tenemos la posibilidad de construir puentes cuando la mayoría prefiere construir paredes”. Por otro lado, Mariana Amartino (Asociación de Abogados Laboristas) expresó su «profunda preocupación por el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno en materia laboral» que «implican una afectación de derechos que trascienden todas las esferas de las relaciones laborales”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reiteró ante el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados que el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, contemplado en la ley ómnibus, es «inconstitucional».
Así lo manifestó el juez Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la AMFJN y actual prosecretario, durante una acotada exposición de unos 12 minutos ante el plenario. «Lo que se está defendiendo es el respeto de la independencia judicial y la división de poderes. No parece que la ciudadanía hoy esté preocupada por el traspaso», expresó Gallo Tagle.
Además, remarcó que la eventual aplicación de ese traspaso completo -que el proyecto de ley emplaza en tres años- perjudicaría aún más el funcionamiento del Poder Judicial. «Se alargarían los procesos, debería intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que se crearía una cuarta instancia», explicó.