A partir del año 2003 y salvo los retrocesos del ciclo macrista de 2015/2019, nuestro país vivió una etapa de reconocimiento al ejercicio de libertades individuales y colectivas que se vieron plasmadas en la atribución de derechos concretos. Derechos reclamados por diferentes colectivos, que, luego de años de lucha, fueron canalizados en iniciativas impulsadas y votadas por gobiernos populares el último de ellos: la interrupción Voluntaria del Embarazo. Al tiempo que la derecha neoliberal señalaba como totalitarias a estas gestiones, en la realidad estos eran gobiernos que abrían una puerta a libertades individuales nunca antes aceptadas en la historia de nuestro país.
Continuando con este proceso, va llegando el momento de debatir sobre otra libertad individual, que por prejuicios e ignorancia, ha sido vapuleada y penada con la ley: el consumo del cannabis. Pero veamos primero los antecedentes que nos permiten llegar a esta instancia.
En el año 2017, el gobierno de Cristina Kirchner recogió el reclamo de años llevado adelante por colectivos, principalmente de madres y luego de largos debates parlamentarios logró así sancionar la Ley N° 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados. Sin embargo, y mediante un decreto reglamentario, el Gobierno de Mauricio Macri restringió los derechos consagrados por la ley de cannabis medicinal y volvió para atrás sobre libertades consagradas. Ya con la asunción de un nuevo gobierno popular, en el año 2020, se decidió dar cumplimiento al espíritu de la ley 27.350, derogando el decreto 738 del macrismo.
Pasando al tema del consumo del cannabis, nuestra sociedad, más allá de ciertos sectores reaccionarios a cualquier libertad, tiene en claro que el combate al narcotráfico y crimen organizado no pasa por perseguir a quienes consumen y/o cultivan marihuana para uso personal. Como también sabe, que el consumo de marihuana se encuentra totalmente naturalizado y es transversal a cualquier clase social y rango etario, como el tabaco y el alcohol. No resulta casual que tantos países en el mundo, como por ejemplo EEUU, Canadá o más cerca de nuestras fronteras, Uruguay, vayan avanzando en leyes que no solo ya no penalizan el consumo, sino que además lo permiten dentro de un marco normativo que prioriza la libertad responsable de cada persona, la debida información y la salud.
Para fortalecer esta idea, basta un dato: en nuestro país, según el último Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2017, el cannabis es la tercera sustancia más utilizada en el país, luego del alcohol y el tabaco.
Sin embargo, al día de hoy y con la legislación vigente, mientras el consumo de alcohol y tabaco, al estar legalizado, cuentan con ciertos estándares de seguridad para les consumidores; el cannabis se comercializa hipócritamente en un mercado ilegal que genera máximas ganancias para quienes comercian en forma ilegal.
Finalmente, las políticas prohibicionistas desarrolladas hasta el momento por el Estado en cuanto al consumo personal del cannabis, no solo han fracasado rotundamente como lucha contra el narcotráfico, sino que también han fracasado en la reducción del consumo del cannabis.
Es hora de dejar hipocresías y tabúes de lado y, al igual que como sucedió con el aborto, asumir que el consumo personal y cultivo de cannabis es una práctica que existe y está ampliamente instaurada. Y que la prohibición y la penalización no impiden la práctica. El prohibicionismo sólo genera daños en la salud de los consumidores y ganancias extremas para el crimen organizado.
Es momento de tener una discusión seria al respecto y repensar el esquema existente en clave de políticas públicas que respeten las libertades individuales y garanticen la salud de quienes deciden consumir cannabis.
