Luis Petri: «Si se suspenden las elecciones sería avanzar sin escala a la Venezuela de Maduro»

Si bien es cierto que la sociedad argentina reclama una Justicia eficaz, con menos privilegios e independiente del poder político, la propuesta del presidente Alberto Fernández de una reforma judicial ha generado discrepancia en el sector político, sobre todo en la oposición.

En este sentido no sólo plantean que en el presente hay otras prioridades más importantes como la pandemia y la economía, sino que además tildan de “inconstitucional” el proyecto que será tratado esta semana en el Congreso.

Al respecto, en NCN dialogamos en exclusiva con el Diputado Luis Petri (UCR – Cambiemos), quien hizo hincapié fundamentalmente en la llamada “la cláusula Parrilli” (NR-: Refiere a la enmienda propuesta por el Senador Oscar Parrilli, por la cual los jueces estarán obligados a partir de la sanción de la ley a denunciar a los “poderes mediáticos” y no solo judiciales, políticos o empresariales, por eventuales presiones ante los magistrados a partir de sus investigaciones o artículos sobre hechos de corrupción de exfuncionarios o de miembros actuales de la administración pública) manifestando que “coarta la libertad de expresión y  viola el Artículo 13.3 del Pacto de San Jose de Costa Rica”.

“Es inconstitucional, ya que atenta directamente contra la libertad de prensa que está establecido en el Artículo 14 de la Constitución Nacional. Es una forma de intimidación y de provocar la autocensura del periodismo independiente” aclara.

“Si los Jueces reciben presiones deben denunciarlo ante la Justicia y sobre todo si esas presiones constituyen delitos” determina y añade que es un nuevo “avance sobre las libertades individuales con consagración constitucional, ahora le tocó el turno a la libertad de expresión que es imprescindible para la vida democrática. Es peligrosísimo para nuestra República y el sistema democrático”.

En cuanto a si es o no el momento adecuado de tratar este proyecto, el Diputado, advierte que “no lo apoyamos no por el contexto, sino porque es invotable. Está direccionado a garantizar impunidad por parte de todos aquellos que están investigado por la Justicia causas de corrupción.  Nada hace por el mejoramiento de la Justicia. De hecho hemos tenido la Justicia paralizada por más de 90 días, por la pandemia, y nada dice el proyecto respecto de la innovación tecnológica que se necesita para acelerar los procesos. Lo único que dice es crear jueces, juzgados, defensores y fiscales poniendo el foco en Comodoro Py”.

“Si hay malos fiscales en Comodoro Py” explica “la mayor responsabilidad de sus nombramientos recae en el partido que hoy gobierna que ha tenido mayoría en el Senado de la sesión y ha gobernado 25 de los 37 años de la vuelta de la democracia”.

“Creer que aumentando la cantidad de Jueces vamos a mejorar la Justicia, haciendo las mismas cosas que nos trajeron hasta acá es un error” sentencia.

Para, Gil Domínguez, uno de los expertos constitucionalista que trabajo en el proyecto, se trata de una “continuidad de Políticas de Estado” considerando que existen incisos que comenzaron con la llamada “Justicia 2020” del anterior gobierno, Petri rechaza este argumento y sostiene que “no es una continuidad de políticas cuando plantea meter pro la ventana 23 Jueces Federales en Comodoro Py sin respetar el acuerdo que establece la Constitución, sino de acuerdo al cuestionado e inconstitucional procedimiento de subrrogancia. El proyecto hace especial hincapié y foco en Comodoro Py, porque de los 94 Juzgados Federales que cree en las provincias a eso si los somete al procedimiento constitucional para su nombramiento, algo que celebramos y acompañamos; pero respecto a los 23 nuevos juzgados que crean les imprime una  velocidad inusitada y los nombra con un método de subrrogancia que ya la Corte Suprema ha dicho que es inconstitucional”.

Enfático el funcionario sostuvo que «están desconociendo los fallos de la Corte, están metiendo Jueces por la ventana, están metiendo Jueces débiles que lógicamente no investigaran ni incomodar al poder producto de que su nombramiento dependerá de este mismo poder y se están garantizando que durante 18 meses el actual Gobierno no sea investigado respecto a las denuncias sobre hechos de corrupción porque, claro esta, van a recaer en Jueces que van a depender para su nombramiento del propio poder que tienen que investigar».

Otros de los temas que tuvieron eco en el recinto esta semana fue el dictamen favorable que la Comisión Bicameral del Congreso emitió al Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno que declara «servicios públicos esenciales» a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga.

La reunión no contó con la presencia de Juntos por el Cambio, Petri explica que lo que se hizo fue “impugnar la reunión» porque se fue “totalmente irregular, no se respetó el proceso de convocatoria” e incluso sostiene que “la Comisión se rige por el reglamente de la Cámara de Diputados y esta vencido el protocolo de Sesiones Virtuales y no obstante eso el presidente de la Comisión insiste en convocar a esas sesiones. Se decide arbitrariamente un temario que no respeta los ingresos de los DNU» y puso como contraste de esto que en el cuerpo «aún no logramos que se trate el decreto de suspensión de movilidad jubilatoria que para nosotros es clave, ya que ajusta sobre los jubilados porque les saca parte de los haberes y viola flagrantemente la Constitución”.

No obstante, contrario a lo que sucede con el Proyecto de Reforma, sostiene que “en este caso específico estamos en contra del procedimiento no del contenido. Posteriormente se dictaminará la aprobación o el rechazo” en lo que respecta al temario entiende que “todos en la Argentina creemos necesario el acceso a internet y las comunicaciones este disponibles para todos, pero es imprescindible estudiarlo en profundidad y debemos debatirlo con todos los actores involucrados”.

La Pandemia, las medidas tomadas por el Gobierno, las marchas opositoras, también fueron tema a los que Petri abordó: “Entiendo el disgusto de la gente, la desesperación y el hartazgo, porque además de padecer una cuarentena eterna producto de la improvisación de un gobierno que subestimó la Pandemia, nos sometieron a todos a un aislamiento más largo del mundo” y dice disentir respecto a que “claramente los problemas que tenemos son por la cuarentena y esto termina generando el masivo y contundente rechazo por parte de la ciudadanía”.

En cuanto a las alternativas posibles entiende que el que “debe ofrecer esa alternativa es el propio gobierno y no lo hace, es algo que venimos reclamando desde el día cero al Ministro de Salud, porque está claro que la cuarentena no es un fin en sí mismo, nos da los tiempos para preparar el sistema para enfrentar la pandemia, pero no se aprovechó todo esto. Somos uno de los pocos países que más contagio tenemos, las medidas que se han tomado no han sido la más acertadas y hay que sumarle a esto los problemas económicos que se arrastran”

Sobre el cierre de la entrevista, el diputado Radical, refirió a las polémicas declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde quien predijo un escenario golpista, sin elecciones en 2021 y que “puede terminar en una especie de guerra civil”.

“Son gravísimas las declaraciones ¿Cómo la argentina va a suspender su proceso electoral? Debemos garantizar el proceso electoral. Es imposible que en la República Argentina haya un Golpe de Estado, las fuerzas están claramente subordinadas al poder civil y a la Constitución Nacional. Fueron declaraciones sumamente desacertadas” sentenció.

Sostuvo también que es el Gobierno el que debe salir a “garantizar el proceso electoral, no puede haber excusas para que no existan elecciones libres y democráticas, sería una avasallamiento más que nos conducirían sin escalas en la Venezuela de Maduro».

Otras de las declaraciones de esta semana del ex gobernador bonaerense, tuvieron que ver con el “común acuerdo” que dijo tener con el Presidente para “votar antes de fin de año la llamada Ley de transparencia” a lo que Petri responde rotundamente “la mejor medida en post de la transparencia que puede hacer el Gobierno Nacional, tangible y palpable, es el retiro del proyecto de la Reforma Judicial del Congreso”.