Macri quiere el impuesto al juego porteño
Quiere percibir la tasa de Ingresos Brutos de casinos, tragamonesas y demás. La recaudación de la actividad podría superar al Presupuesto.
El jefe de gobierno porteño se hartó del trato que recibe de los medios que maneja Cristóbal -entre otras cuestiones- y ahora quiere cobrarle impuestos por la explotación de las casas de juego más importantes de la Ciudad, como el Hipódromo de Palermo y los dos barcos Casino de Puerto Madero, salas que operan violando diversas normas y sostenidas en amparos judiciales, que según reconocen en la propia industria le imprime a ese redituable negocio «seguridad jurídica cero».
Por eso, Mauricio Macri, citó a los jefes de bloque de la Legislatura porteña para «encontrar un camino que le permita» al distrito capitalino «la posibilidad de cobrar el impuesto a los ingresos brutos al juego». La convocatoria resulta novedosa: en el macrismo sólo realizaron tibios intentos desde octubre de 2011 para cobrar ingresos brutos a una actividad que en 2010 y, tomando como referencia solamente las máquinas del Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes de Puerto Madero, recaudó 33.667 millones de pesos, según informó este diario en 2011.
El objetivo es Cristóbal, que maneja la explotación de los casinos flotantes de Puerto Madero y las 5000 máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, gracias al decreto que Néstor Kirchner firmó antes de dejar la presidencia para cederle el control hasta 2032 y en una decisión delirante lo «obligó» a multiplicar por más de 10 las máquinas que ya tenía el Hipódromo, que enfrenta además gran cantidad de juicios de mujeres víctimas de la ludopatía que genera, que ha provocado la ruina de numerosas familias.
La Corte Suprema decidió hace más de dos años, y después de 12 de litigios, que la Ciudad de Buenos Aires tenía la potestad de cobrar impuestos sobre el Casino flotante de Puerto Madero. Además abrió las puertas a que el distrito que Macri gobierna desde 2007 pudiera controlar todos juegos de azar que funcionan en el distrito. Pero desde Bolívar I no hicieron demasiados esfuerzos para gravar la actividad, incluso días antes de que se conociera la sentencia del máximo tribunal argentino, el procurador porteño Ramiro Monner Sans intentó desistir del recurso que iba a permitir a la Ciudad recaudar varios millones de pesos por año, algo que fue rechazado por la Corte.