Massismo sobre el decreto que modifica el rol de las FFAA: “El Presidente pasó por alto al Congreso”

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto firmado por Macri que reforma el plan de reconversión de las Fuerzas Armadas, el bloque de diputados del Frente Renovador presentó un Proyecto de Resolución para rechazar la medida, solicitando que la propuesta del Ejecutivo sea enviada al Congreso de la Nación.

Luego del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación por el cual se establecen nuevas funciones y misiones a las Fuerzas Armadas del país, desde el espacio que lidera Sergio Massa, la diputada Graciela Camaño rechazó esta medida a través de una carta al Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, la cual acompaña el Proyecto de Resolución para que la propuesta del ejecutivo sea remitida al legislativo como Proyecto de Ley.

“Una de las funciones que le competen al Congreso de la Nación es dictar las normas para la organización y gobierno de las fuerzas armadas, siendo la Cámara de Diputados la que debe iniciar el tratamiento de la legislación sobre esta temática. Pero el Presidente de la Nación quiso usar un artilugio, como mínimo desprolijo, para pasar por alto a este Congreso y así modificar sustancialmente las funciones que le competen a las fuerzas armadas, otorgándoles así, a través del decreto 683/2018, misiones de seguridad interior. Esta medida, innecesaria a nuestro criterio, solo nos trae reminiscencias del pasado reciente más oscuro de nuestro país”, indicó Camaño.

En ese sentido, la Legisladora recordó que en el año 2017 el Frente Renovador presentó un proyecto que modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional –expediente 1887-D-2017, el cual dotaba de flexibilidad a las funciones y misiones de las FFAA sin violentar la manda constitucional. “Sería oportuno y conveniente que este congreso legisle en las materias que le correspondan y no sea ´salteado´ por el Poder Ejecutivo nacional alterando la legislación vigente con un mero Decreto”, señaló.

Al respecto, precisó: “La seguridad ampliada sirve para combatir los grandes delitos, como narcotráfico, terrorismo y trata de personas. Los ejércitos ya no son los mismos y las batallas no son las mismas que las del siglo XX, cuando se crearon y se pensaron las leyes de defensa nacional. No se combate contra otro país, se combate contra la sofisticación logística y armamentística que tienen los cárteles de la droga y el terrorismo internacional”.

Por último enfatizó: “No queremos el ejército de Milani con carta blanca para hacer espionaje, pero tampoco queremos el ejército de Macri que queda indefinido”.

Por su parte, el especialista en temas de seguridad del Frente Renovador, Diego Gorgal, puntualizó: “El Decreto anuncia apoyo logístico de las FFAA al esfuerzo de la policía, algo que ya contempla la ley y se viene haciendo desde la anterior gestión con los Operativos Escudo Norte y Fortín II. Aquí, tampoco hay mucha novedad y cabe preguntarse por qué hacer las mismas cosas, de la misma manera, traerá resultados distintos”.

Y añadió: “Además de la controversia legal por el hecho de cambiar una disposición legal con un decreto, el empleo de militares en servicios de objetivos estratégicos abre la puerta a muchas cuestiones sensibles que el decreto no aborda. Por ejemplo, ¿qué se entiende por objetivo estratégico? ¿Qué pasa cuando una instalación custodiada por personal militar sufra un piquete o una toma? ¿Con qué adiestramiento y equipamiento va a responder el personal militar? ¿Quién realiza la inteligencia para diseñar el sistema de seguridad de la instalación?”.

En esa línea, resaltó: “Por todo esto, el decreto es muy pobre en términos técnicos, al igual que lo fue el decreto que declaró la emergencia en materia de seguridad en enero de 2016. Hay mucha pericia comunicacional, pero poca pericia técnica en lo que es el contenido sustantivo de una política”.

Por último, el diputado provincial Ramiro Gutiérrez expresó: “Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú poseen legislación flexible que permiten acciones integradas de seguridad y defensa. Ese es el camino que debemos seguir, pero sin dudas es una decisión legislativa y no un decreto violatorio del articulo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional”.