La diputada nacional Lorena Matzen instó al Poder Ejecutivo Nacional a poner en marcha un conjunto de mecanismos dirigidos a paliar la situación económica que atraviesan las cooperativas de servicios públicos y en particular, las de distribución de electricidad.
La iniciativa parlamentaria se funda en el carácter de estas entidades como prestadoras de servicios (energía, comunicación, saneamiento, salud primaria, sepelio, etc.), en su importante rol de generación de empleo y en la circunstancia de que no cuentan con reservas financieras y que operan, conforme lo establece la ley, al costo de los servicios que prestan, sin excedentes ni beneficios mayores. En ese marco, el proyecto pretende constituirse en una respuesta al golpe asestado a sus economías por la notable caída de los niveles de cobranza, de más del 50% de las estimaciones más prudentes, según asegura la Cooperativa de Electricidad Bariloche en una misiva dirigida al Congreso y al gobierno nacional.
En el caso de las cooperativas eléctricas, se suma además, el hecho de tener que hacer frente, entre sus múltiples obligaciones salariales y estructurales, a la facturación de CAMMESA, los costos de los Entes Reguladores Nacionales y el impacto en el ITF (impuesto a las transferencias) con montos millonarios, sin que hasta el momento se les haya otorgado un tratamiento diferencial al respecto. Esto no hace más que obligar a la suspensión de los pagos, para priorizar los más urgentes; poniendo así a la entidad cooperativa en una situación de deuda hacia el futuro inmediato.
“Es inexplicable que la medida tomada por el gobierno de exención de la obligación del pago de servicios no haya tenido como correlato, la asunción de mecanismos paliativos para las cooperativas que indefectiblemente iban a sufrir las consecuencias” dijo Matzen. Y agregó: “Es imprescindible corregir esta falta, incorporándolas a los beneficios previstos por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, entre otros dispositivos. Estamos hablando de entidades sin fines de lucro y poco reconocidas en términos del enorme esfuerzo que realizan por mantenerse fuera del sistema financiero habitual de las empresas con capitales privados”.
LAS MEDIDAS
En esta línea, Matzen y los diputados nacionales Roxana Reyes, Gustavo Menna, Gonzalo Del Cerro, Luis Petri, Gabriela Lena, Miguel Bazze, María Soledad Carrizo, Estela Regidor, Lidia Azcarate, Claudia Najul, Jose Luis Riccardo, Jimena Latorre, Diego Mestre y Ximena García que acompañan la iniciativa, solicitan al gobierno nacional, el reconocimiento de las cooperativas de servicios públicos como prestadoras de servicios esenciales y, en virtud de ello, su inclusión al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, DNU 332/2020, a los fines de la percepción de los aportes que esa norma otorga, de la reducción del 90% de las contribuciones patronales que prevé y del beneficio del pago complementario del salario. Asimismo, respecto de la cancelación del IVA, los parlamentarios solicitan la aplicación del sistema Pyme vigente, para estas cooperativas, permitiendo así el ingreso escalonado conforme el tributo efectivamente percibido.
En el caso de las cooperativas de distribución eléctrica en particular, el proyecto propone la suspensión, por 180 días contados a partir de la finalización total del aislamiento social, de intereses por pago fuera de término con CAMMESA, la reducción, por el término de 1 año, del 35% del precio estacional de la energía eléctrica para todas las categorías de usuarios, la reducción del 50% del ITF (impuesto a las transferencias) para distribuidoras y la suspensión, por 1 año, de las tasas de Fiscalización y Control exigidas por el ENRE.