Matzen presentó pedido de informe sobre el Sistema de Protección Antivandálico para conductores de transporte público
La diputada nacional Lorena Matzen solicitó ayer, al Poder Ejecutivo Nacional, que informe sobre la implementación de Resolución 926/2008 mediante la cual se establece que los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros, de Jurisdicción Nacional, deben incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor, dando respuesta así un viejo reclamo del sector canalizado a través de la Unión Tranviarios Automotor Argentina (UTA).
Diversos estudios y denuncias radicadas por el sector hacen visible una dura realidad que aqueja día a día a muchos trabajadores del transporte y dan cuenta de que los niveles de violencia en el transporte público se incrementan año a año. En el 2014 se registraron entre 70 y 75 denuncias promedio diarias de violencia contra conductores y usuarios; promedio que aumenta de manera drástica sí solo tomamos como universo de análisis la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano.
Si bien las cabinas antivandálicas no suponen una solución de raíz, dice el Pedido de Informes de la diputada, su implementación permitiría reducir, en el corto plazo, los niveles de inseguridad, operando como un dispositivo de seguridad pasiva, disuasiva y de prevención. 
Matzen dijo que “se observa a partir de ciertas expresiones mediáticas, algún nivel de resistencia por parte del sector empresario a dar cumplimiento a esta normativa, aduciendo los altos costos de su implementación. En primer lugar, y eso debiera ser suficiente, estamos hablando del derecho de los trabajadores a que le sean garantizadas las mas mínimas condiciones de seguridad. Pero además podríamos agregar que estamos hablando de una medida que debe ser entendida como una inversión y no como un costo, porque los servicios que se ven afectados por casos de violencia recaen en una pérdida económica producto de la interrupción del servicio.”
En el pedido de informes al PEN, la diputada recuerda que en la misma Resolución que impone la obligación de implementar este sistema antivandálico, se establece la conformación de una comisión para fijar un cronograma de trabajo entre los diferentes actores del sector, y expresa la necesidad impostergable de dar inicio a las acciones para conformar esta mesa de diálogo para dar respuesta a una problemática que lleva más de 10 años esperando respuesta.